El banco británico Barclays señaló que el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, enviado por el Gobierno al Congreso, restringe el financiamiento directo al Tesoro pero deja abierta una vía indirecta mediante compras de títulos en el mercado secundario.
El banco británico Barclays difundió un análisis sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) enviado por el presidente Javier Milei al Congreso, que obtuvo dictamen en la Cámara de Diputados. La institución consideró que la iniciativa «es un paso en la dirección correcta», pero advirtió que no alcanza por sí sola para impedir que un futuro gobierno vuelva a financiar el déficit con emisión monetaria.
Según el informe, la reforma restringe la asistencia del BCRA al Tesoro, establece la estabilidad de la moneda como objetivo central y dificulta la remoción de las autoridades del organismo. Sin embargo, Barclays sostuvo que la propuesta mantiene abierta una vía indirecta de financiamiento: las compras de títulos públicos en el mercado secundario.
El mecanismo, detallado por el banco, implica que los bancos o fondos compran títulos en licitaciones del Tesoro y luego el BCRA los adquiere en el mercado secundario, entregando pesos a cambio. Aunque formalmente no hay transferencia directa, el resultado económico puede ser equivalente: el Tesoro recibe financiamiento, el BCRA acumula bonos y aumenta la cantidad de pesos en circulación.
Barclays recordó que este mecanismo fue utilizado durante la administración de Alberto Fernández y calculó que en 2023 explicó el 70% del financiamiento monetario total al Tesoro.
La advertencia del banco no implica que toda intervención del BCRA en el mercado secundario sea emisión para cubrir el déficit. Las autoridades utilizan esas operaciones para administrar la liquidez y las tasas. El riesgo, según Barclays, aparece cuando las compras de títulos dejan de responder a objetivos monetarios y pasan a sostener sistemáticamente las colocaciones del Tesoro.
El proyecto de reforma, además, prohíbe el financiamiento monetario directo, elimina los adelantos transitorios, restringe los préstamos al sector público y endurece las condiciones para remover a las autoridades del BCRA. También establece sanciones legales para los funcionarios que autoricen asistencia monetaria al sector público.
El banco británico señaló que «una futura administración podría revertir fácilmente estos cambios mediante una nueva legislación o decretos de emergencia si no están incorporados en las prácticas de hecho». En ese sentido, concluyó que la dominancia fiscal no desaparecerá solo con la aprobación de una ley.
El Bank of America (BofA) también analizó la iniciativa y su evaluación general fue más favorable. Calificó la reforma como un respaldo institucional al programa de estabilización y destacó que limita la transferencia de utilidades contables al Tesoro y elimina el régimen de reservas de libre disponibilidad. No obstante, marcó otra limitación: el Poder Ejecutivo conservaría influencia sobre la designación de las autoridades y los mandatos no quedarían desacoplados del ciclo político.
Analistas consultados coincidieron en que la reforma cierra las principales vías de financiamiento directo, pero dejó abierto el canal del mercado secundario. Martín de la Fuente, analista de Bavsa, sostuvo que «bien utilizada es política monetaria; mal utilizada, es emisión encubierta». Mariano Ortiz Villafañe, de Aldazabal y Cía, afirmó que la herramienta es necesaria para regular el mercado monetario, aunque admitió que podría ser mal utilizada para financiar indirectamente al Tesoro.
El equipo de Research de Balanz señaló que, al tratarse de una ley ordinaria, «una mayoría futura podría modificarla o derogarla». De la Fuente agregó que «con mayoría simple en el Congreso alcanza para cambiar la ley». Ortiz Villafañe advirtió que las modificaciones normativas podrían revertirse incluso mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que no sea rechazado por ambas cámaras.
Frente a esa fragilidad jurídica, los analistas coincidieron en que la sustentabilidad de la reforma dependerá del consenso político y social que se construya. Balanz consideró positiva la iniciativa porque «contiene lineamientos fundamentales para que la baja de la inflación se pueda consolidar», pero destacó que importará «la cantidad de votos y el grado de consenso» con el que se apruebe. Ortiz Villafañe sostuvo que «la única manera de garantizar la independencia del BCRA» sería alcanzar suficiente consenso social y político, lo cual no aparecerá automáticamente con la sanción de la ley.