La Cámara de Diputados emitió dictamen de mayoría para el proyecto de Inocencia Fiscal II, que excluye a funcionarios públicos de los beneficios del régimen y establece una reducción de sanciones para MicroPyMEs. El texto será debatido en el recinto.
La Cámara de Diputados emitió este miércoles el dictamen de mayoría del proyecto de Inocencia Fiscal II, con una modificación central para sumar apoyo de los bloques aliados: la exclusión de los funcionarios públicos de los beneficios del régimen. El despacho obtuvo 44 firmas, según informó el titular de la Comisión de Presupuesto, Bertie Benegas Lynch, a las 12.31.
De las 44 firmas, 32 corresponden a La Libertad Avanza, 4 al Pro, 2 a la UCR, 2 a Innovación Federal, 1 al MID, 1 a Independencia, 1 a Producción y Trabajo y 1 a Provincias Unidas (en disidencia). En la Comisión de Presupuesto hubo 45 presentes y 27 firmas; en Legislación Penal, 30 presentes y 17 firmantes.
El dictamen establece que los funcionarios podrán utilizar el sistema simplificado únicamente como canal operativo para presentar la declaración jurada del impuesto a las Ganancias y cancelar el saldo correspondiente, pero no gozarán de presunción de exactitud, liberación de fiscalizaciones ni de ningún beneficio o inmunidad tributaria. La exclusión alcanza a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública en los tres poderes del Estado dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de adhesión.
Además, el dictamen contempla una reducción automática del 25% en multas formales aplicables a MicroPyMEs, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro, con el objetivo de atenuar la presión punitiva sobre el sector productivo y armonizar el régimen con el Régimen Penal Tributario.
El abogado tributarista Diego Fraga, profesor de la Maestría en Derecho Tributario de la Universidad Austral, señaló en su cuenta de X que quedan cuestiones por resolver. «Quedaron afuera varias cuestiones que son importantes para que el sistema realmente funcione como incentivo a formalizar patrimonio y no genere nuevas trampas», afirmó. Entre ellas, mencionó la necesidad de aclarar expresamente qué bienes pueden incorporarse (efectivo, inmuebles, títulos, créditos, participaciones, cripto, entre otros) y cómo se incorporan, así como proteger al monotributista para que esa incorporación no sea usada para excluirlo del régimen.
Fraga también se refirió a las fiscalizaciones ya iniciadas: «El dictamen permite que continúen aunque después el contribuyente adhiera (incorporación a instancias de ARCA). Se debe establecer que el ‘tapón fiscal’ alcance también actuaciones no firmes, aun aceptando las costas en juicios en trámite. Es lo que dice más o menos hoy la ley, pero que ARCA lo desconoce en buena parte con una mera comunicación interna», sostuvo.
Un tributarista que pidió reserva de identidad remarcó que «excluir a los funcionarios, dejando a los familiares de los mismos… es una exclusión a medias». El proyecto será tratado en el recinto de la Cámara de Diputados.