Mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, delibera sobre su continuidad, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) baraja a la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como posible candidata en caso de una repetición electoral o una nueva investidura.
En el seno del PSOE reina la incertidumbre ante la decisión que tomará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su continuidad al frente del Ejecutivo. Según fuentes socialistas, Sánchez solo ha conversado con su núcleo familiar y los dirigentes del partido se enterarán de su decisión al mismo tiempo que los medios de comunicación.
Ante esta situación, el PSOE ha lanzado una campaña en redes sociales con la consigna «vale la pena», en un intento de instar a Sánchez a permanecer en el gobierno. La espera se produce en un contexto de denuncias contra su esposa, Begoña Gómez, presentadas por el colectivo Manos Limpias, que la Fiscalía ha pedido archivar.
En el partido se barajan cuatro escenarios: que Sánchez no renuncie y continúe como líder reforzado; que se someta a una cuestión de confianza; que renuncie y otro candidato se presente a la investidura con el Congreso actual; o que se convoquen elecciones, opción esta última considerada la más complicada desde el punto de vista constitucional.
Entre estas opciones, cobra fuerza el nombre de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como candidata ante una eventual repetición electoral o ante el desafío de una nueva investidura. Montero es una de las figuras que más ha crecido en el último tiempo dentro del PSOE, con un estilo de confrontación y una absoluta lealtad a Pedro Sánchez.
En paralelo, la asociación Hazte Oír ha presentado una querella ante la Fiscalía, que ha sido remitida al juez Peinado, en la que vincula el incremento de la facturación de empresas vinculadas a Begoña Gómez con su presunta mediación. La asociación sostiene que la empresa en la que trabajó Gómez, su compañero de cátedra y la empresa Globalia podrían haberse beneficiado de ayudas y subvenciones públicas concedidas por el Gobierno gracias a su mediación. La querella se acumularía a la presentada por Manos Limpias, aunque solo por el delito de tráfico de influencias.