El Ejecutivo nacional evalúa un programa de ‘ciudadanía por inversión’ que permitiría a extranjeros obtener el pasaporte argentino mediante aportes de hasta un millón de dólares, con el objetivo de atraer divisas y fortalecer las reservas del Banco Central.
El gobierno de Javier Milei analiza lanzar un programa de «ciudadanía por inversión» que permitiría a extranjeros obtener la nacionalidad argentina a cambio de aportes de hasta un millón de dólares. El objetivo central es atraer divisas frescas y fortalecer las reservas del Banco Central para afrontar los vencimientos de deuda de los próximos años.
La información fue revelada por el Financial Times. El medio británico señaló que la iniciativa todavía está en estudio y podría anunciarse antes de fin de año. Fuentes oficiales consultadas por distintos medios argentinos indicaron que el proyecto aún no está cerrado y permanece sujeto a modificaciones sustanciales.
Dos caminos para obtener la ciudadanía argentina
De acuerdo con el diario británico, quienes quieran acceder a la nacionalidad argentina tendrían dos alternativas concretas. La primera opción: realizar un aporte no reembolsable de 500.000 dólares. Ese dinero iría directo al Estado sin posibilidad de recuperarlo. La segunda vía: comprar bonos soberanos cupón cero por un millón de dólares. Estos títulos no pagan intereses durante su vida, pero devuelven el capital completo al vencimiento. Los bonos cupón cero funcionan como préstamos diferidos al Estado: el inversor entrega el dinero hoy y lo recupera en una fecha futura, sin cobrar rendimientos periódicos.
Proyección de recaudación
Según el Financial Times, el Gobierno argentino proyecta recaudar decenas de miles de millones de dólares mediante este programa. El contexto refuerza la urgencia de la medida: Argentina continúa sin acceder a los mercados internacionales de crédito tras la reestructuración de deuda de 2020. Las reservas del Banco Central enfrentan presión constante y los vencimientos de deuda en moneda extranjera se acumulan para los próximos años.
Contexto internacional
Si el plan avanza, Argentina pasaría a ser uno de los países más grandes del mundo en ofrecer ciudadanía mediante una inversión económica. El pasaporte argentino permite actualmente ingresar sin visa a cerca de 170 países. Naciones como Malta, Chipre o varios países caribeños ofrecieron o todavía ofrecen esquemas similares, pero ninguno tiene el tamaño territorial, poblacional y peso geopolítico de Argentina.
El Financial Times sostuvo que la propuesta podría atraer a personas de alto patrimonio de Estados Unidos y Europa, por preocupaciones relacionadas con la polarización política, la presión impositiva creciente o eventuales conflictos internacionales en sus países de origen. Entre los nombres mencionados aparece Peter Thiel, cofundador de PayPal, quien permanece temporalmente en Buenos Aires y es presentado por consultores vinculados al proyecto como un «embajador» informal de la iniciativa. David Lincoln, fundador de Lincoln Global Partners, afirmó que varios de sus clientes ya mostraron interés por Argentina. Eric Major, director ejecutivo de Latitude Group, aseguró que «simplemente no hay nada como Argentina en el mercado de ciudadanía por inversión». Armand Arton, fundador de Arton Capital, consideró poco probable que el esquema exija un período mínimo de residencia, lo que reduciría la carga tributaria para los beneficiarios.
Críticas y obstáculos legales
El modelo de los llamados «pasaportes dorados» recibió cuestionamientos en distintos países por riesgos vinculados a la seguridad, el lavado de dinero y la transparencia. El Financial Times recordó que la Corte de Justicia de la Unión Europea declaró ilegal en 2024 el programa de ciudadanía por inversión de Malta. Chipre y Bulgaria eliminaron iniciativas similares bajo presión de Bruselas. El Reino Unido canceló en 2022 su programa de residencia por inversión y endureció las condiciones para el ingreso de ciudadanos provenientes de países que ofrecen este tipo de esquemas.
El Financial Times también señaló que el Gobierno modificó durante 2025 las normas vinculadas con la ciudadanía para facilitar la implementación de este tipo de programas, pero esa reforma aún enfrenta impugnaciones judiciales. La Constitución Nacional establece que el Congreso tiene competencia exclusiva sobre la legislación en materia de ciudadanía. Paula Carello, abogada migratoria y exfuncionaria, advirtió que el sistema podría generar riesgos en materia de seguridad y reputación internacional, y que esos riesgos «probablemente superan los beneficios para un país del tamaño y perfil de la Argentina». Carello alertó sobre la posibilidad de que el programa facilite el ingreso de capitales de origen dudoso sin controles suficientes.