El máximo tribunal rechazó el recurso del Estado nacional y mantuvo vigente la medida cautelar que ordena aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de financiamiento universitario.
La Corte Suprema de Justicia decidió no hacer lugar al planteo del Estado nacional y, en consecuencia, mantuvo vigente la medida cautelar que ordena aplicar dos artículos centrales de la Ley 27.795 de financiamiento universitario.
El máximo tribunal, integrado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó el recurso del Gobierno por considerar que no existe todavía una sentencia definitiva sobre el fondo del caso. De este modo, la cautelar dictada en instancias anteriores sigue plenamente activa.
Si bien la decisión tiene impacto institucional, en los hechos no introduce cambios económicos inmediatos, ya que el Poder Ejecutivo había suscripto previamente un acuerdo con universidades y gremios para actualizar partidas salariales y presupuestarias.
Qué establece la cautelar que sigue vigente
La medida judicial que permanece en pie se originó a partir de un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional y distintas universidades públicas.
El eje del reclamo apunta a la constitucionalidad del Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno dispuso que la Ley 27.795 solo podía aplicarse una vez definidas las fuentes de financiamiento correspondientes.
En ese marco, la Justicia en lo contencioso administrativo federal había ordenado aplicar de forma inmediata dos artículos de la ley: la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y la recomposición de los programas destinados a estudiantes universitarios.
Los fundamentos de la Justicia en instancias previas
Antes de la intervención de la Corte, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había considerado que el Estado no logró desacreditar la verosimilitud del derecho planteado por las universidades.
También remarcó que el Congreso había ratificado la norma y que la postura del Ejecutivo se apoyaba en una regulación de menor jerarquía frente al marco legal vigente.
En esa línea, los jueces advirtieron que la falta de cumplimiento podría generar efectos significativos en el sistema universitario, especialmente por el impacto del deterioro salarial sobre el derecho a enseñar y aprender. A la vez, señalaron que el eventual ahorro fiscal no resultaba relevante dentro del presupuesto nacional.
El recorrido del conflicto entre el Gobierno y las universidades
El conflicto se inició luego del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el Congreso insistió con su aprobación, lo que derivó en su vigencia.
Posteriormente, el Ejecutivo condicionó su implementación a la identificación de fuentes específicas de financiamiento, lo que motivó distintas presentaciones judiciales que escalaron hasta la Corte Suprema.
Durante el proceso, el Estado también intentó recusar a magistrados intervinientes y planteó la excusación de los jueces del máximo tribunal por su actividad docente en universidades, argumentos que fueron rechazados en todas las instancias.
Con la decisión conocida ahora, la Corte cerró esa vía procesal y dejó firme la cautelar, mientras el expediente principal —que analiza la validez del decreto 759/2025— continúa su curso.
El acuerdo previo firmado por el Gobierno
Antes de la resolución judicial, el Ejecutivo ya había alcanzado un entendimiento con autoridades universitarias y organizaciones gremiales.
El acta fue firmada el 10 de junio por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, el Consejo Interuniversitario Nacional y sindicatos docentes y no docentes.
El acuerdo incluyó:
- Una recomposición salarial del 24,33%
- Un aumento del 20% en gastos de funcionamiento
- La ampliación de fondos para hospitales universitarios hasta los $50.000 millones
Además, se estableció una actualización del 50% en las Becas Manuela Belgrano desde junio y la continuidad de las negociaciones paritarias, con un cuarto intermedio fijado para el 15 de septiembre para revisar salarios en función de la inflación y la recuperación del poder adquisitivo.