El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, registró un incremento patrimonial superior al 500% entre 2023 y 2025. Su equipo legal rectificó 22 declaraciones juradas y se adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias para evitar una imputación por enriquecimiento ilícito.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó su declaración jurada correspondiente al ejercicio 2025, en la que declaró un patrimonio de más de $944 millones. Según los datos oficiales, en 2023 su patrimonio era de $25,7 millones, lo que representa un incremento superior al 500%.
La denuncia inicial fue impulsada por la diputada Marcela Pagano, lo que derivó en un caso que combina aspectos de derecho penal, tributario y administrativo. Adorni diseñó una estrategia legal para evitar que la Justicia Federal encuadre su situación dentro del delito de enriquecimiento ilícito.
El eje central de la defensa consiste en sostener que una parte sustancial de los fondos cuestionados fue acumulada antes de su ingreso al Gobierno, durante su actividad privada. Para respaldar esta versión, su equipo contable rectificó 22 declaraciones juradas presentadas desde 2020, incorporando aproximadamente 500.000 dólares y activos en criptomonedas que no habían sido informados originalmente.
Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, se adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias, previsto en la Ley de Inocencia Fiscal. La normativa establece una presunción favorable respecto de la exactitud de la información declarada y limitaciones para futuras acciones fiscales por períodos alcanzados por el sistema. Especialistas señalaron que esa protección no se extiende automáticamente a investigaciones por delitos contra la administración pública, como el enriquecimiento ilícito, ni a eventuales pesquisas por lavado de activos.
Para justificar el origen de los fondos, el funcionario sostuvo que una parte proviene de una herencia familiar y otra de operaciones con criptomonedas. Según esa versión, habría realizado inversiones en Bitcoin entre 2014 y 2018, con una inversión inicial de aproximadamente u$s200.000 que habría generado ganancias cercanas a los u$s300.000. La Justicia ordenó peritajes sobre las billeteras virtuales declaradas para reconstruir la trazabilidad de las operaciones.
Entre las adquisiciones realizadas durante su gestión figuran una vivienda en un country y la compra del 50% de un departamento en el barrio porteño de Caballito. Para financiar esas operaciones, la documentación patrimonial exhibe pasivos por más de $317 millones, que incluyen préstamos familiares, acuerdos privados con particulares y mecanismos de financiación directa con los vendedores.
La rectificación de declaraciones juradas anteriores implica reconocer que determinados activos no fueron informados oportunamente cuando el funcionario ya integraba la administración pública. Esa circunstancia podría ser evaluada bajo la figura de omisión maliciosa prevista en el artículo 268 inciso 3° del Código Penal, que exige una intención deliberada de ocultar información patrimonial.
Adorni sostuvo públicamente que mantuvo fuera de sus declaraciones juradas aproximadamente medio millón de dólares para proteger sus ahorros de lo que denominó «la vieja política». La secuencia temporal de la transparencia de esos fondos, dos años y medio después del inicio de la gestión de Javier Milei, es un elemento que los investigadores podrían evaluar para determinar si la regularización fue espontánea o una reacción frente al progreso de las pesquisas judiciales.