Un informe del Fondo Monetario Internacional señala que Argentina recauda por el impuesto a las rentas personales el 1,8% del PBI, por debajo del promedio regional. El Gobierno tiene plazo hasta fines de 2026 para presentar una reforma tributaria.
El sistema tributario argentino acumula décadas de parches. El Fondo Monetario Internacional (FMI) lo señala en el Staff Report correspondiente a la Segunda Revisión del acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF), publicado en mayo de 2026: el sistema tributario argentino es «complejo, altamente distorsivo e inestable». Argentina tiene más de 155 tributos vigentes, pero unos pocos concentran el 80% de la recaudación.
Frente a ese diagnóstico, la reforma tributaria forma parte de los compromisos formales del acuerdo. El gobierno se obligó a desarrollar y presentar una propuesta antes de fines de diciembre de 2026 —un structural benchmark en los términos del organismo. El objetivo es racionalizar el sistema y generar espacio fiscal para reducir los impuestos que más frenan la actividad: retenciones a las exportaciones e impuesto a las transacciones financieras, entre otros.
Hay un número que explica por qué el FMI apunta específicamente al impuesto a las ganancias de personas físicas: Argentina recauda por ese concepto apenas el 1,8% del PBI. Es menos de la mitad que el promedio de América Latina —en torno al 2,2%— y menos de un quinto que el promedio de la OCDE, cercano al 8,3%. En el ranking regional, Argentina se ubica entre los niveles más bajos, junto con Paraguay y Bolivia.
El problema es también estructural: la mayor parte de lo que el Estado recauda llega vía impuestos indirectos —principalmente IVA— que son más distorsivos para la actividad económica y más regresivos en términos distributivos, porque afectan proporcionalmente más a quienes menos ganan.
La recomendación del FMI es concreta: el impuesto debe alcanzar al menos al 20% de los trabajadores formales. Hoy tributa el 8,2%. Cerrar esa brecha implica incorporar al padrón a aproximadamente 1.515.000 trabajadores adicionales, llevando el total de contribuyentes de los actuales 1.055.431 a unos 2.570.000. El impacto fiscal proyectado es de 0,4% del PBI —equivalente a unos u$s2.672 millones a valores de 2026.
Para que el 20% de los trabajadores formales vuelva a tributar el impuesto, el umbral de ingreso debería reducirse de manera significativa. A partir de la distribución salarial observada en el empleo privado registrado, el mínimo no imponible para un trabajador soltero sin deducciones adicionales debería ubicarse en torno a los $2.200.000 brutos mensuales, frente a los aproximadamente $3.000.000 que rigen actualmente. La reducción, cercana al 25%, ampliaría sustancialmente la base de contribuyentes: dejarían de estar alcanzados únicamente los salarios más altos y comenzarían a incorporarse trabajadores ubicados en la franja superior de la distribución salarial.
La comparativa regional muestra que Argentina tiene una de las alícuotas máximas más elevadas de la región (35%), prácticamente igual a Chile y apenas por debajo de Uruguay, pero recauda menos que Uruguay y Brasil por impuesto a la renta personal en relación con el tamaño de su economía. Esto sugiere que las diferencias regionales se explican más por la amplitud de la base imponible y la cantidad de contribuyentes alcanzados que por la tasa máxima en sí misma.
El Gobierno enfrenta ahora un dilema de tiempos cruzados. Por un lado, el reloj técnico marca el structural benchmark de diciembre de 2026 como límite para presentar la reforma integral exigida por el FMI. Por el otro, el reloj político advierte que 2027 es un año de elecciones presidenciales.