El ministro Federico Sturzenegger impulsa una reforma que eliminaría la obligatoriedad de la matrícula universitaria para ejercer el corretaje. El proyecto genera posturas encontradas entre el sector empresarial y los colegios profesionales.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, prepara un proyecto de ley para modificar el funcionamiento del corretaje inmobiliario en Argentina. La iniciativa, anunciada por el ministro Federico Sturzenegger, ingresaría al Congreso en junio.
Entre los puntos principales del borrador se incluye la eliminación de la obligatoriedad de la matrícula y del título universitario para ejercer como corredor, la habilitación del ejercicio interjurisdiccional y la liberalización de honorarios. Según el texto, los honorarios quedarían sujetos al libre acuerdo entre las partes, se eliminarían las incompatibilidades absolutas para ejercer simultáneamente con otra actividad lícita, y se permitiría el corretaje a través de plataformas digitales. Para ejercer, solo se requeriría ser mayor de edad y no estar inhabilitado.
La propuesta generó posiciones divergentes. Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), afirmó que “el sistema actual limita la competencia porque impide que personas formadas comercialmente puedan prestar servicios inmobiliarios si no pertenecen al esquema colegiado tradicional”. García Malbrán sostuvo que “la transparencia no la garantiza un sello, sino la reputación, la trazabilidad digital y la competencia”.
Por su parte, Marta Liotto, presidenta del Colegio Inmobiliario porteño y del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (Cofeci), declaró que “no hay sustento jurídico” para la reforma, ya que “la habilitación y matriculación de los profesionales corresponde a las provincias y no fue delegada a la Nación”. Liotto agregó que “el corretaje inmobiliario no es una simple actividad comercial. Es una profesión que requiere formación técnica, capacitación permanente y responsabilidad jurídica”.
Según datos del sector, más del 95% de las operaciones de compraventa en el país se realizan con intervención de corredores matriculados. El debate expone dos modelos: uno basado en competencia y reputación digital, y otro que defiende controles profesionales para garantizar seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias.