La cadena de farmacias de origen mexicano cerró sus puertas el 8 de mayo. El Juzgado Comercial N°23 formalizó la quiebra el 27 de mayo. Más de 330 empleados reclaman salarios, aportes e indemnizaciones impagas.
La cadena de farmacias Dr. Ahorro, que operaba bajo la razón social Energía y Vida de Argentina S.A., cesó sus actividades el 8 de mayo. El Juzgado Comercial N°23, a cargo del juez Federico Mármora, formalizó la quiebra de la empresa el 27 de mayo. La firma acumulaba deudas estimadas en u$s10 millones en descubierto, u$s5 millones con la seguridad social y u$s4 millones con proveedores.
La empresa ingresó en concurso preventivo tras perder flujo de caja, lo que derivó en cheques rechazados y corte de suministro por parte de las droguerías. Intentó vender su operación local, pero las negociaciones no prosperaron debido a la falta de activos líquidos y demoras judiciales. La compañía solicitó su propia quiebra argumentando falta de autorizaciones para vender activos, como su droguería en Chacarita valuada en aproximadamente u$s1 millón.
El juez Mármora dictaminó la inhabilitación definitiva de la firma y de sus administradores, y estableció la prohibición de salida del país para el presidente, Xavier González Zirión, y otros directivos. El proceso se encuentra en etapa de liquidación de activos para cubrir deudas con empleados y acreedores.
Los trabajadores, junto al gremio del sector, denuncian un presunto vaciamiento deliberado. Según los testimonios, en las semanas previas al cierre se cerraron locales sin aviso, varios puntos de venta aparecieron en portales de alquiler antes de la quiebra, y muchos empleados recibieron solo una fracción de sus haberes de abril, además de la falta de aportes previsionales. Más de 330 trabajadores reclaman indemnizaciones, aguinaldos y salarios adeudados.
Los ex empleados realizaron una movilización en la sucursal del barrio porteño de Chacarita (Av. Corrientes 6847). Exigen que la justicia realice un control e inventario de los bienes remanentes para evitar la fuga de capitales que puedan ser útiles a sus indemnizaciones. El proceso queda en manos del síndico designado para la liquidación de bienes.