El Gobierno porteño envió a la Legislatura el convenio firmado con el Ejecutivo nacional para transferir el fuero laboral. El proyecto prevé un sistema basado en oralidad, digitalización y gestión unificada.
La Ciudad de Buenos Aires avanza hacia el traspaso definitivo de la Justicia laboral a la órbita porteña. El convenio de transferencia firmado entre el gobierno de Javier Milei y el Gobierno porteño fue enviado a la Legislatura local, según informaron fuentes oficiales a iProfesional.
Desde la reforma constitucional de 1994, la Ciudad convive con una estructura judicial híbrida que incluye la Justicia federal, la nacional ordinaria y la local. El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, impulsa el proceso hacia un sistema judicial completamente administrado por la Ciudad.
El diagnóstico oficial indica que la Justicia laboral nacional acumula demoras estructurales: una demanda puede tardar hasta seis años y medio en llegar a sentencia firme. En el sector empresario señalan que la imprevisibilidad generó una «industria del juicio», mientras que desde el sindicalismo atribuyen el conflicto a la precarización laboral y la falta de controles.
El nuevo modelo proyectado se basa en oralidad, inmediación y celeridad. El juez mantendrá contacto directo con las partes durante todo el proceso, en reemplazo del sistema escrito y burocrático. Además, se prevén instancias obligatorias de conciliación.
La Ciudad planea desarrollar un fuero laboral especializado en sectores como servicios, tecnología y economía digital. El objetivo es desincentivar las «demandas infladas», litigios construidos sobre acumulación de multas cuyo fin es forzar acuerdos extrajudiciales elevados.
Para los trabajadores, el cambio central sería el fin de procesos interminables. Se implementará la digitalización integral del expediente, permitiendo seguir online el avance de cada causa y acceder a audiencias videograbadas. La presencia directa del juez en las audiencias busca evitar la delegación en funcionarios.
El traspaso implica absorber miles de expedientes en trámite, reorganizar recursos humanos, adaptar edificios y desarrollar infraestructura tecnológica. Existen resistencias corporativas en sectores de la Justicia nacional, y algunas agrupaciones judiciales promovieron medidas cautelares para frenar el proceso.
Un desafío técnico es la incompatibilidad entre el sistema Lex100 de la Justicia nacional y el Portal del Litigante de la Ciudad. El Gobierno porteño proyectó inicialmente la creación de diez juzgados laborales, aunque estimaciones indican que el volumen anual podría superar las 40.000 causas nuevas.
Para evitar la saturación, se implementarán Oficinas de Gestión Judicial. Estas áreas centralizadas se encargarán de notificaciones, coordinación de audiencias, búsqueda de testigos y trámites administrativos, liberando a los magistrados de tareas burocráticas.
En los próximos días, el Ejecutivo porteño enviará a la Legislatura un paquete complementario de proyectos para modificar el Código de Procedimiento, la Ley 7 Orgánica del Poder Judicial y crear un servicio de conciliación propio similar al SECLO.