El ministro de Transportes, Óscar Puente, cesó al secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, quien gestionó la compra de mascarillas por 20 millones de euros a la empresa investigada en la causa judicial.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ordenó la destitución de Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado, por su vinculación con la tramitación del mayor contrato de mascarillas adjudicado a la empresa Soluciones de Gestión, actualmente bajo investigación judicial en el marco del caso Koldo. El cese representa la primera medida disciplinaria dentro del Gobierno en relación con esta trama de corrupción.
Puertos del Estado, organismo público dependiente del Ministerio de Transportes, fue la primera entidad en contratar con la compañía vinculada a la trama durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El contrato, por ocho millones de mascarillas y un valor de 20 millones de euros, fue firmado por Sánchez Manzanares, quien hasta el momento había declarado como testigo ante la Guardia Civil, sin estar imputado en la causa.
El presidente de Puertos del Estado, Álvaro Rodríguez Dapena, había negado por escrito cualquier relación con Víctor de Aldama, empresario clave en la investigación. Sin embargo, las pesquisas revelaron un intercambio de correos electrónicos entre Sánchez Manzanares y Aldama, así como llamadas telefónicas entre el funcionario y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos.
Según informes policiales citados por El País, el 2 de noviembre de 2023 se registró una llamada entre Koldo y Sánchez Manzanares, en la que acordaron un posible encuentro presencial. Agentes de la Guardia Civil realizaron seguimientos a Koldo García en Madrid los días 2 y 3 de noviembre, pero no identificaron al funcionario. No obstante, el informe señala que el 7 de noviembre pudo haberse celebrado una reunión en la sede de Puertos del Estado.
Por el momento, ni el juez ni la Fiscalía han solicitado medidas cautelares contra Sánchez Manzanares. A pesar de ello, Puente decidió su salida de la empresa pública, en un gesto que marca el inicio de la asunción de responsabilidades políticas por parte del Gobierno en este caso.