jueves, 20 agosto, 2026

El PP exige la dimisión de Francina Armengol por su presunta implicación en el caso Koldo

El Partido Popular presentó un escrito en el Congreso de los Diputados para pedir la renuncia de la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, a quien acusa de estar vinculada a una trama de corrupción durante la pandemia.

El Partido Popular (PP) registró este lunes en el Congreso de los Diputados un escrito solicitando la dimisión de Francina Armengol, presidenta de la Cámara, por su presunta implicación en el denominado caso Koldo. Los populares la acusan de formar parte de una «gravísima causa por corrupción» ocurrida durante la pandemia de COVID-19, que se suma a otros escándalos que, según el partido, protagonizó durante su mandato al frente del Govern balear.

En el documento, el PP detalla una serie de puntos que describen lo que califica como un «relato fáctico difícil de justificar» por parte de Armengol. Se menciona que, como presidenta del Govern, adquirió mascarillas de la empresa ‘Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas’, considerada «nuclear de la trama corrupta», y que aceleró el pago a pesar de que el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) emitió un informe concluyendo que los productos no cumplían con los requisitos establecidos.

Las mascarillas fueron almacenadas y no llegaron a utilizarse. La propuesta de reclamación se emitió cuando Armengol ya no ocupaba el cargo de presidenta, tras la investidura de Marga Prohens. Los populares subrayan que Armengol está siendo investigada por la Guardia Civil, el juez instructor de la causa y la Fiscalía Europea por la posible utilización fraudulenta de fondos europeos.

El PP también hace referencia a otros episodios durante su gestión, como los abusos a menores tuteladas que fueron prostituidas bajo la custodia del Consell de Mallorca, y que, según el partido, Armengol «se negó a investigar». Por todo ello, exigen su dimisión para «velar por el decoro» de la institución y «salvaguardar su prestigio», reiterando que su permanencia como tercera autoridad del Estado es «insostenible».

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