Un informe del Ministerio de Salud reveló diferencias injustificables entre las facturas pagadas por la Agencia Nacional de Discapacidad y los precios de mercado. Esta semana comienzan las indagatorias judiciales a empresarios y exfuncionarios.
El Ministerio de Salud, encargado por el ministro Mario Lugones, realizó un informe que cruzó facturas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) con precios de mercado de insumos ortopédicos. Las diferencias detectadas alcanzan hasta el 4.239%, calificadas como «injustificables» por el propio informe oficial.
Andadores, sillas de ruedas y prótesis fueron adquiridos a valores que superan cualquier margen razonable de comercialización. El hallazgo se produce en un momento clave: esta semana comienzan las indagatorias judiciales a empresarios y exfuncionarios que participaron en las contrataciones durante el gobierno de Alberto Fernández.
El lunes 11 abre la ronda de citaciones con Osmar Caballi, exdirector general de ANDIS, vinculado a Farma Salud, empresa que obtuvo contratos por $7.900 millones. El martes 12 declararán Mariano y Christian Sagués, de Ortopedia Sagués, señalada como proveedora favorecida. El miércoles 13 será el turno de Vicente y Lucas Sagués, del mismo grupo familiar.
También fueron convocados Humberto Maone, gerente de MED-EL Latinoamérica S.R.L., y tres miembros de la familia Bernat: Javier, Fernando y Gustavo, de Ortopedia Bernat. Todos deberán aportar documentación ante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
Los informes oficiales identificaron un núcleo reducido de prestadores que concentraron contratos con ANDIS. La pesquisa sugiere un sistema de contrataciones paralelas vinculado a las prestaciones de alto costo (PACBI), que permite adjudicar insumos médicos complejos sin licitación pública tradicional. Los investigadores analizan si existió un entramado para direccionar las adjudicaciones.
Las declaraciones de esta semana buscarán establecer responsabilidades individuales y probar si hubo coordinación entre proveedores y funcionarios. Los tribunales examinarán documentación financiera, procesos de adjudicación y vínculos societarios. Los resultados definirán si hay imputaciones formales por presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a personas con discapacidad.