sábado, 9 mayo, 2026

El PSOE evalúa a Montero para una eventual repetición electoral

Ante la incertidumbre por la posible renuncia de Pedro Sánchez, en el partido socialista ya barajan nombres para una nueva investidura o elecciones.

En el Partido Socialista Obrero Español reina la incertidumbre. La espera impuesta por Pedro Sánchez, quien evalúa renunciar a la presidencia tras las denuncias contra su esposa, Begoña Gómez, mantiene en vilo al gobierno y sus aliados. Mientras el presidente solo conversa con su núcleo familiar, los socialistas aseguran que se enterarán de la decisión al mismo tiempo que los medios.

Ante este escenario, desde las bases del PSOE se lanzó una campaña en redes sociales con la consigna «vale la pena», en un intento de convencer a Sánchez de que continúe al frente del Ejecutivo. Sin embargo, en los pasillos del partido ya se hacen cálculos para una eventual repetición electoral.

Según fuentes internas, existen cuatro escenarios posibles: que Sánchez no renuncie y siga como líder «dolido pero reforzado»; que se someta a una cuestión de confianza; que renuncie y otro candidato se presente a la investidura con el actual Congreso; o que se convoquen elecciones generales, opción esta última que resulta la más compleja desde el punto de vista constitucional.

Entre las alternativas que cobran fuerza, destaca el nombre de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como posible candidata en caso de repetición electoral o ante el desafío de una nueva investidura. Montero es una de las figuras que más ha crecido dentro del PSOE en los últimos tiempos, caracterizada por su estilo de confrontación y su absoluta lealtad a Pedro Sánchez.

En paralelo, la denuncia presentada por el colectivo Manos Limpias —que la Fiscalía pidió archivar— ha sido reforzada por otra organización similar, Hazte Oír, que vincula el incremento de la facturación de empresas vinculadas a Begoña Gómez con su presunta mediación. Este grupo ultraconservador trasladó la querella al juez Peinado, solicitando que se acumule al caso original, aunque solo por el delito de tráfico de influencias. Sostienen que la empresa en la que trabajó Gómez, junto a su compañero de cátedra y la empresa Globalia, podrían haberse beneficiado de ayudas y subvenciones públicas gracias a su intervención.

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