El Gobierno reportó un aumento significativo de la deuda flotante, que alcanzó los $4 billones en marzo, mientras la actividad económica muestra una contracción del 2,6% intermensual.
En medio del ajuste fiscal que el Gobierno mantiene para equilibrar las cuentas públicas, una nueva variable ha captado la atención de los inversores de la City: el crecimiento de la deuda flotante. Según datos oficiales, este indicador —que refleja gastos comprometidos pero postergados— saltó de $1,9 billones a $4 billones en marzo, un incremento de $2,1 billones en un solo mes.
La deuda flotante se forma cuando el Ministerio de Economía difiere pagos para no afectar los registros fiscales. Aunque el monto total no es considerado inmanejable, el salto mensual encendió alarmas en las consultoras financieras, que advierten que podría enmascarar un problema de fondo ante la caída de la recaudación impositiva.
El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de febrero registró una caída del 2,6% intermensual desestacionalizado, la mayor contracción desde abril de 2020. En el primer bimestre del año, la actividad acumula un retroceso del 2,2%. Sectores como la construcción (-22,4% desde diciembre de 2023) y la industria manufacturera (-8,8%) lideran las pérdidas, mientras que las actividades intensivas en capital muestran crecimiento.
Este escenario pone en duda la sostenibilidad del superávit fiscal. El superávit del Sector Público Nacional No Financiero fue de $0,93 billones en el período, pero la Administración Central solo explicó el 42% de ese resultado. Según un informe de la consultora PPI, “el ancla fiscal vuelve a quedar bajo la lupa”. La recaudación impositiva viene en declive desde hace ocho meses, y el ministro de Economía, Luis Caputo, ya solicitó a los funcionarios una reducción de erogaciones.