El sindicato del sector reclama inversiones, freno a despidos y apertura de paritarias, en un contexto donde el gobierno provincial firmó un nuevo acuerdo con las operadoras para reactivar la actividad.
El Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz resolvió, en una asamblea con miles de trabajadores, el inicio de un paro general por tiempo indeterminado en toda la provincia. La medida de fuerza responde al reclamo por el cumplimiento de los planes de inversión y perforación comprometidos para 2026, y al rechazo de despidos y del esquema de abandono acordado con YPF.
El secretario general del gremio, Rafael Güenchenen, realizó un diagnóstico crítico de la industria hidrocarburífera local, señalando la falta de inversiones por parte de las operadoras y el incumplimiento de compromisos. «Hoy tenemos las condiciones para que cada operadora invierta los 1.200 millones de dólares que se comprometieron», afirmó, cuestionando la inactividad en materia de perforación.
Güenchenen remarcó que los trabajadores han sostenido la actividad y mejorado la eficiencia operativa, eliminando, a su juicio, excusas para no avanzar con los planes de desarrollo. Cuestionó las intenciones de algunas empresas de reducir personal y advirtió que el sindicato no permitirá que «el ajuste recaiga sobre los trabajadores», instruyendo la política de «alta por baja» para cualquier reducción de puestos.
El dirigente también responsabilizó al gobierno provincial de intervenir ante los incumplimientos de las operadoras y anunció que solicitarán la reversión de áreas a aquellas empresas que «quieran dejar gente en la calle». Asimismo, reclamó la inmediata convocatoria a paritarias para una recomposición salarial.
En paralelo al conflicto, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, junto al ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, presentó este miércoles el programa «Más producción y trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño». El acuerdo, firmado con representantes de las principales operadoras de la provincia, establece un nuevo marco de relación entre el Estado y la industria, con el objetivo de evaluar incentivos vinculados a la inversión y la actividad incremental para reactivar yacimientos y generar empleo.
El eje central del acuerdo es generar condiciones para que las empresas inviertan y produzcan más, vinculando beneficios, como la adecuación de regalías, a compromisos verificables de inversión y actividad adicional a la ya asumida. Según se informó, el criterio es que no habrá beneficios sin actividad comprobable e incremental.