Una nueva normativa establece que, durante una huelga, se deberá garantizar al menos el 75% de los vuelos comerciales y servicios de navegación, modificando la dinámica de los conflictos en el sector aeronáutico.
Una nueva disposición redefine la forma en que se llevan adelante las medidas de fuerza en el sector aeronáutico. El eje ya no está en frenar completamente la actividad, sino en sostener un nivel mínimo de funcionamiento que evite la paralización total del sistema. La normativa establece que, aun durante un paro, deberá mantenerse al menos el 75% de los vuelos comerciales y de los servicios de navegación aérea.
Este cambio altera la dinámica habitual de los conflictos: las huelgas dejan de implicar un corte absoluto para convertirse en una merma parcial de la actividad. El nuevo esquema también fija un orden de prioridad para garantizar servicios esenciales y establece restricciones concretas. A su vez, una vez finalizado el conflicto, el sistema deberá recuperar su funcionamiento habitual en un plazo máximo de 30 minutos.
Las organizaciones gremiales rechazaron la medida casi de inmediato. La calificaron como inconstitucional y advirtieron que podría vulnerar el derecho a huelga, señalando que podrían acudir a instancias internacionales. La medida se enmarca en una corriente que busca extender la categoría de servicios esenciales dentro del ámbito del transporte aéreo.
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es resguardar la seguridad, a los usuarios y la continuidad del sistema. En cambio, los gremios interpretan la medida como una limitación a sus herramientas de presión. El resultado es un nuevo escenario donde los conflictos no desaparecen, pero dejan de detener por completo la actividad y pasan a ser regulados bajo reglas más estrictas.