La empresa, controlada por la familia Manassero, atribuye la decisión a la caída del consumo, presión de proveedores y conflictos laborales. En los últimos meses cerró sucursales y despidió personal.
El supermercado mayorista Caromar, especializado en productos de limpieza y perfumería, se presentó en concurso preventivo de acreedores ante el Juzgado Comercial N°1, que encuadró el proceso como «gran concurso». La compañía, controlada por la familia Manassero y dueña de marcas como El Coloso, afirmó encontrarse en «estado de cesación de pagos».
En su presentación, la firma detalló que el deterioro de su situación se aceleró en los últimos meses por una combinación de factores: una caída del nivel de ventas, pérdida de capital de trabajo, dificultades para abastecerse y conflictos gremiales que impactaron en la actividad. Este paso formaliza un proceso de ajuste previo, que incluyó el cierre de cuatro sucursales a fines del año pasado (en Mar del Plata, Burzaco, La Tablada y San Justo) y más de 100 despidos.
Actualmente, Caromar mantiene cinco locales operativos en Laferrere, Moreno y José C. Paz (provincia de Buenos Aires), además de Rosario y Neuquén. Su modelo de negocio combina la venta mayorista a comercios de cercanía con el desarrollo de marcas propias, como El Coloso, GoodMax, Queen y Simpli, dependiendo del volumen y la rotación de productos.
Según los datos presentados en el expediente, las ventas de mercaderías se redujeron cerca de un 42% interanual entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, tanto en términos nominales como reales. La empresa señaló un cambio en el comportamiento del mercado, con menor demanda y una competencia cada vez más agresiva en precios, donde algunos competidores habrían vendido por debajo de los costos.
Esta dinámica afectó especialmente a su unidad industrial. Caromar había invertido durante años en una planta de jabón en polvo, pero en 2024 decidió cerrarla, argumentando que no pudo sostener la operación frente a precios de mercado que estaban por debajo de sus costos de fabricación, en particular frente a grandes fabricantes. La salida de esta unidad implicó una pérdida para su integración productiva.
La caída de la actividad llevó a un ajuste directo en la estructura. La firma, que llegó a contar con hasta 500 empleados, redujo su dotación a poco más de 200 tras un recorte que incluyó unos 120 despidos. La empresa vinculó parte de las dificultades para implementar una reducción gradual a una «alta conflictividad» del Sindicato de Empleados de Comercio, sumado a dos juicios laborales por montos cercanos a los $1.000 millones.
El cuadro se complejizó hacia el último trimestre del año pasado, cuando la empresa comenzó a agotar su capital de trabajo. Esto modificó la relación con los proveedores, quienes pasaron a exigir pagos anticipados, derivando en faltantes de mercadería en las sucursales y una nueva caída en las ventas, generando un circuito difícil de revertir. En paralelo, la compañía acumula cheques rechazados por más de $1.000 millones.