El Ejecutivo porteño avanza con una serie de intervenciones en el Barrio Carlos Mugica, conocido como Villa 31, con el propósito de ordenar el espacio y controlar su crecimiento. Las medidas, que suponen un enfoque distinto al de administraciones anteriores, se centran en la modificación de los accesos vehiculares y un mayor despliegue de fuerzas de seguridad.
Modificación en los accesos y presencia policial
Como parte del plan, cinco de las trece entradas para vehículos han sido convertidas en peatonales. En tres de estos accesos se han establecido puestos fijos de la Policía de la Ciudad, que se suman a otros tres ya existentes. Además, se han dispuesto calles en contramano, colocado bolardos y se realizarán controles itinerantes en todo el perímetro del barrio.
Los retenes permanentes se ubican en puntos estratégicos: en las intersecciones de Colibrí con Ramos Mejía (cerca de la terminal de ómnibus de Retiro), Yaguareté con Islas Galápagos (próximo al Paseo del Bajo y al Ministerio de Educación porteño) y Colibrí con Alberto Chejolán (vecino al Barrio Saldías). Paralelamente, la autoridad clausuró depósitos de materiales de construcción que operaban de manera irregular dentro del asentamiento.
Fundamentos y declaraciones oficiales
Las autoridades argumentan que el proceso de urbanización iniciado en 2016 no logró contener la expansión no planificada del barrio, uno de los objetivos centrales de la Ley 6129. En este contexto, justifican las nuevas medidas como necesarias para regularizar la situación.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, se refirió al plan afirmando: «Orden en la Villa 31. Acá no hay zonas liberadas. No hay excepciones. Se terminó el ingreso de material para seguir agrandando esto. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad». Previamente, su gestión había realizado el desalojo de una feria considerada ilegal en la calle Perette y la remoción de obstrucciones en veredas y calles.
Críticas y voces en contra
El plan ha generado rechazo en algunos sectores. Claudia Neira, presidenta del bloque Fuerza por Buenos Aires en la Legislatura porteña, cuestionó la iniciativa señalando que «no es para continuar y profundizar el proceso de urbanización, sino para implementar operativos de orden y control del espacio público que están más cerca del protocolo de Bullrich que de soluciones reales para la integración».
Por su parte, María Eva Koutsovitis, del movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, criticó la estrategia del gobierno: «Jorge Macri implementó como eje de su gestión la ‘limpieza social’ de la Ciudad, desfinanciando políticas habitacionales y sociales, persiguiendo y estigmatizando a quienes habitan los barrios populares». Además, sostuvo que el debate sobre la erradicación de las villas se resolvió hace tres décadas a favor de su reurbanización.
El despliegue de estas acciones marca un nuevo capítulo en la compleja relación entre el Estado porteño y uno de los barrios más emblemáticos de la Ciudad, reavivando discusiones sobre integración urbana, seguridad y derechos.