La Libertad Avanza convocó a un plenario de comisiones para el miércoles 14, un día antes de la sesión opositora que busca rechazar el DNU 70/2026. El oficialismo acordó con bloques aliados reincorporar los límites a la venta de tierras a extranjeros en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya tiene media sanción del Senado.
El Gobierno nacional restablecerá los límites para la venta de tierras a extranjeros con el objetivo de evitar la caída del DNU 70/2026, conocido como «mega DNU», según confirmaron fuentes parlamentarias. La decisión se produce luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia dejara sin efecto la suspensión del decreto y reactivara la controversia sobre la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La bancada de La Libertad Avanza convocó para el próximo miércoles a las 16:00 a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General para iniciar el tratamiento del proyecto sobre «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que ya cuenta con media sanción del Senado.
Durante el debate en la Cámara alta, la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, retiró del proyecto el capítulo que reformaba la Ley de Tierras Rurales y flexibilizaba las condiciones para que personas físicas y jurídicas extranjeras pudieran comprar grandes terrenos, debido a la falta de apoyo.
Según fuentes parlamentarias, el oficialismo acordó con los bloques aliados del PRO, la UCR y el MID acelerar el tratamiento de ese proyecto y volver a incluir los límites que fijaba la Ley de Tierras, derogada por el artículo 154 del mega DNU. Ese artículo había sido suspendido, pero volvió a entrar en vigor por el fallo de la Corte Suprema de la semana pasada.
La fecha de la convocatoria a comisiones no es casual: será un día antes de la sesión convocada por los bloques opositores de Unión por la Patria, Frente de Izquierda, Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas para rechazar el DNU 70/2026. La maniobra del oficialismo busca dar una salida a los bloques dialoguistas que no están de acuerdo con la eliminación de límites para la venta de tierras a extranjeros, pero tampoco quieren tumbar el DNU, de modo que a la oposición se le dificulte reunir quórum para la sesión del 15.
Como había adelantado iProfesional, reflotar los límites a la «extranjerización» en el proyecto de Propiedad Privada era una de las alternativas que evaluaba el gobierno de Javier Milei luego de que la decisión de la Corte los tomara por sorpresa. La jugada se terminó de acordar en una reunión que mantuvo el miércoles por la tarde-noche el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con los bloques aliados, que reclamaban una solución para no quedar entrampados entre la derogación del DNU o el apoyo a la eliminación de los límites.
Uno de los más insistentes fue Eduardo Falcone, del bloque MID, quien reclamó en varias oportunidades a través de X y en conversaciones con sus pares del oficialismo una salida. «El Gobierno tiene que anunciar una propuesta sensata para solucionar el problema Tierras inmediatamente», señaló, al tiempo que consideró «un despropósito voltear todo el DNU».
En las comisiones la discusión pasará a ser qué tipo de límites se incluirán. Según supo iProfesional, entre los diputados la idea con más fuerza por el momento es que se restituya el límite del 15% del país, de una provincia o un departamento para la cantidad de tierras en manos de extranjeros, tal como estaba en la ley derogada. De tomar ese camino, quedaría descartada la idea de ampliar ese límite al 25% que La Libertad Avanza había negociado durante el debate del proyecto de Propiedad Privada en el Senado. Si se aprueba con esta nueva modificación, el texto tendrá que volver al Senado.
El oficialismo acelera el tratamiento de ese proyecto para volver a incluir los límites a la venta de tierras a extranjeros. Si bien el cambio obligará a que el texto pase otra vez al Senado, el gobierno de Milei habrá conseguido un triunfo si la jugada ayuda a frustrar la sesión del 15 y mantener a salvo el mega DNU.
¿Qué puede pasar si Diputados rechaza el mega DNU?
Uno de los efectos más directos de la caída del mega DNU se daría en el mercado de alquileres. Si bien los contratos actuales firmados bajo la «libertad de acuerdo entre partes» que introdujo el decreto conservarían sus plazos y monedas pactadas, los nuevos deberán regirse nuevamente por la Ley de Alquileres (27.551). Esa norma, derogada por el DNU, volvería a entrar en vigor, lo que implica el retorno del plazo mínimo legal obligatorio de tres años para los contratos y la actualización anual mediante el IPC. Además, se restringiría la posibilidad de pactar el cobro en moneda extranjera.
En el plano financiero, el DNU eliminó el límite legal que prohibía a los bancos cobrar intereses punitivos desproporcionados por mora en el pago de tarjetas. Su derogación restablecería los topes a las tasas que fijaba la Ley de Tarjetas de Crédito (25.065), así como las comisiones máximas cobradas por los emisores a los comercios.
La eventual caída del DNU implicaría también la restitución automática de un paquete de leyes de regulaciones y supervisión estatal sobre el comercio que habían sido derogadas, como la Ley de Abastecimiento (20.680), la Ley de Góndolas (27.545) y el Observatorio de Precios. Con esto, el Estado recuperaría facultades legales para monitorear márgenes de ganancia, inspeccionar stocks o exigir una distribución equitativa del espacio en góndolas para distintas marcas.
En el sector de la salud privada, la derogación del decreto dejaría sin efecto la liberación total de las cuotas para las empresas de medicina prepaga y el Estado volvería a tener facultades para regular los aumentos tarifarios. El tema aún presenta objeciones judiciales.
Otros cambios se darían en el sector aerocomercial y la política de «cielos abiertos» del Gobierno. El DNU flexibilizó el acceso al mercado aerocomercial y habilitó que empresas extranjeras puedan realizar vuelos de cabotaje. Con la eventual derogación volvería la prioridad para Aerolíneas Argentinas u otras radicadas en el país, lo que limitaría las operaciones de las low-cost o las de capital internacional.