Un estudio de la consultora Eco Go estimó que el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones implica una renuncia fiscal de u$s8.493 millones en valor presente para el Estado nacional y las provincias, a cambio de 23 proyectos aprobados por u$s49.766 millones.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) implica una renuncia fiscal total de aproximadamente u$s8.493 millones en valor presente, según un informe de la consultora Eco Go. De ese monto, u$s6.849 millones corresponden a impuestos que deja de percibir la Nación y u$s1.644 millones a las provincias donde se radican las inversiones.
El RIGI fue diseñado para modificar la ecuación económica de proyectos de gran escala mediante beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios. A cambio, las empresas comprometen inversiones en sectores como energía, minería, infraestructura e industria.
Al 9 de septiembre de 2026, el régimen contaba con 23 proyectos aprobados mediante resolución publicada en el Boletín Oficial, por u$s49.766 millones de inversiones anunciadas. Además, el Ministerio de Economía informaba otros 23 proyectos en evaluación por u$s153.709 millones. Si todos se aprobaran, el total ascendería a 46 proyectos y u$s203.475 millones.
El concepto de «gasto tributario» utilizado en el informe no implica transferencias directas de dinero a las empresas, sino la diferencia entre lo que el Estado recaudaría si esos proyectos tributaran bajo el régimen general y lo que efectivamente recauda con el RIGI. Eco Go estimó un costo tributario anual de referencia de u$s932 millones para los proyectos aprobados, que subiría a u$s3.811 millones si se sumara toda la cartera en evaluación. El modelo proyecta un máximo de alrededor de u$s1.510 millones anuales en 2031 para la Nación.
El principal componente de la renuncia fiscal es el impuesto a las Ganancias: el RIGI establece una alícuota del 25%, frente al 35% del tramo superior de la escala vigente. También inciden la amortización acelerada, los derechos de exportación diferenciados por sector (8% para petróleo y gas exportador, 4,5% para litio y plata, 0% para cobre y oro cuando el régimen general ya no aplica retenciones), las franquicias para importaciones, el tratamiento del impuesto a los créditos y débitos y el beneficio financiero asociado al IVA.
En términos de inversión, el cronograma modelado concentra unos u$s35.000 millones de CAPEX entre 2026 y 2036 dentro de los u$s49.766 millones comprometidos. El Gobierno sostiene que el régimen promoverá la creación de 108.450 empleos directos e indirectos asociados a los proyectos aprobados, y otros 128.809 para la cartera en evaluación.
Entre los proyectos aprobados, el de mayor magnitud es el de Licuefacción de Gas Natural (FLNG – Southern Energy) en Río Negro, con u$s15.156 millones, equivalentes al 30,5% del total. Le siguen Vicuña, de cobre, oro y plata en San Juan, con u$s9.737 millones y 31.700 empleos declarados; Rincón de Aranda, de Pampa Energía en Neuquén, con u$s4.522 millones; Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), con u$s2.900 millones; Rincón, de litio de Rio Tinto en Salta, con u$s2.744 millones; y el proyecto de fertilizantes de Pampa Energía en Bahía Blanca, con u$s2.693 millones.