Economistas y consultoras señalan que los salarios podrían superar a la inflación en los próximos meses. El Gobierno busca reactivar el consumo sin un plan de estímulo clásico. La recaudación y el superávit fiscal enfrentan desafíos.
La evolución de los salarios frente a la inflación y su impacto en el consumo se ha convertido en un tema central del debate económico. Diversos economistas, desde Domingo Cavallo hasta Martín Redrado, pasando por Miguel Kiguel y Carlos Melconian, coinciden en que el Gobierno necesita reactivar el consumo interno para sostener el plan económico y afrontar las elecciones de 2027.
Según un informe de Fundación Capital, dirigida por Martín Redrado, la actividad económica crece alrededor del 2% interanual, con un desempeño desigual: los sectores vinculados al agro, la energía y la minería lideran la expansión, mientras que la industria y el comercio siguen rezagados, actividades con mayor generación de empleo urbano.
El Gobierno sostiene que el mayor impulso al consumo puede provenir de una combinación de inflación mensual en torno al 1% y paritarias que se ubiquen por encima de ese nivel. La inflación de agosto fue del 1,7%. De acuerdo con la consultora de Fernando Marull, los acuerdos salariales para el segundo semestre convergen hacia aumentos mensuales cercanos al 2%, mientras la inflación proyectada desciende hasta estabilizarse en torno al 1,6%.
La Fundación Capital estima que las últimas paritarias del sector privado registrado rondan el 2,3% mensual durante el tercer trimestre, por encima de una inflación promedio cercana al 1,9%. Esto implicaría una mejora del salario real, aunque insuficiente para recuperar completamente el poder adquisitivo perdido durante la primera parte del año.
En paralelo, la recaudación tributaria crece por debajo de la inflación, lo que refleja la debilidad de la actividad económica. Esta situación comenzó a reducir el superávit primario, y en el mercado aparecen proyecciones que anticipan un resultado financiero levemente negativo, en torno al 0,2% del PBI. El Gobierno compensó esa menor recaudación con una reducción del gasto público, pero desde el oficialismo admiten que ese camino tiene límites.
El último reporte de Fundación Capital detecta una diferencia marcada entre los bonos que vencen antes de las elecciones presidenciales de 2027 y aquellos que lo hacen después. Mientras el riesgo implícito hasta octubre de 2027 permanece por debajo de los 100 puntos básicos, para los doce meses posteriores supera ampliamente los 1.000 puntos. Esa brecha refleja interrogantes sobre la sostenibilidad del programa económico más allá del actual mandato.