El Gobierno porteño presentó un proyecto de ley para crear el Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria. El nuevo Código Procesal del Trabajo no contempla al SECLO nacional ni a los 180 conciliadores que lo integran.
El traspaso de las competencias laborales a la Ciudad de Buenos Aires produce cambios en el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), instancia previa a juicio para conflictos entre trabajadores y empleadores.
El nuevo escenario plantea dos cuestiones: la situación de los 180 conciliadores laborales que integran el sistema nacional y la creación de un Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria porteño, impulsada por el Gobierno de la Ciudad en la Legislatura.
El vacío legal que preocupa a los conciliadores del SECLO
La conciliación laboral obligatoria previa a la vía judicial fue creada en 1996 mediante la Ley 24.635, que dio origen al SECLO y al Registro Nacional de Conciliadores Laborales. El organismo administra el registro de profesionales, realiza el sorteo informático de las causas y homologa los acuerdos alcanzados.
Los conciliadores son abogados con antigüedad en la matrícula y formación en Derecho del Trabajo, que accedieron a la función mediante capacitaciones y evaluaciones. El sistema funciona con 180 conciliadores activos.
En promedio, se sortean 7.500 trámites mensuales, alrededor de 41 o 42 expedientes por conciliador. Entre el 40% y el 45% de los reclamos terminan con un acuerdo conciliatorio homologado. Se estima que cada profesional intervino en unos 18.000 procedimientos desde 1996 y cuenta con aproximadamente 450 horas de capacitación acreditadas. En términos acumulados, la actuación del sistema habría evitado la judicialización de alrededor de 3,2 millones de expedientes.
El nuevo Código Procesal para la Justicia del Trabajo de CABA, establecido por la Ley 6790, no contempla expresamente la actuación del SECLO nacional como instancia previa obligatoria ni hace referencia a los profesionales que integran el registro. Tampoco existe un régimen transitorio que determine cómo funcionará el servicio durante el cambio de jurisdicción ni se firmaron convenios entre las autoridades nacionales y porteñas para articular la transferencia de los conciliadores o de la infraestructura existente.
Fuentes vinculadas al ámbito laboral señalaron que una de las alternativas que se analiza es la apertura de un nuevo concurso público, en el cual los actuales conciliadores podrían recibir una ponderación especial por sus antecedentes y experiencia. De avanzar ese mecanismo, quienes superen el correspondiente examen de idoneidad podrían continuar desempeñándose dentro del nuevo sistema.
La Ciudad prepara su propio SECLO: cómo funcionará
El Gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri, avanzó con un proyecto de ley para crear el Servicio de Conciliación Laboral Previa y Obligatoria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El organismo dependerá de la Autoridad Administrativa del Trabajo porteña y funcionará como instancia obligatoria antes de iniciar una demanda en conflictos individuales o pluriindividuales correspondientes a la Justicia del Trabajo de CABA.
Además de administrar las conciliaciones, la autoridad tendrá a su cargo el control de legalidad de los acuerdos y podrá intervenir en procedimientos de arbitraje voluntario.
El subsecretario de Trabajo y Empleo porteño, Horacio Bueno, declaró a iProfesional que la intención es desarrollar un mecanismo «ágil, cercano y previsible», orientado a reducir litigios innecesarios, fomentar acuerdos y otorgar mayor seguridad jurídica.
El proyecto contempla la creación de un Registro de Conciliadores de la Ciudad, integrado por abogados con matrícula activa en CABA, antecedentes en Derecho del Trabajo y capacitación en métodos alternativos de resolución de conflictos. Los profesionales serán designados para intervenir en cada caso, aunque esa actividad no generará una relación de empleo público con el Gobierno porteño.
El procedimiento será gratuito para el trabajador y podrá ser iniciado personalmente, mediante apoderado o a través de representación sindical, siempre con patrocinio letrado. Una vez presentada la solicitud, se realizará el sorteo electrónico del conciliador, quien tendrá que fijar la primera audiencia dentro de los 10 días hábiles posteriores a su designación. Todo el procedimiento deberá concluir en un máximo de 20 días hábiles, aunque podrá extenderse otros 15 días si existe acuerdo entre las partes y el conciliador.
Si no hay entendimiento, quedará agotada la instancia administrativa y el trabajador podrá presentar la demanda ante la Justicia laboral porteña. Cuando exista acuerdo, será remitido a la Autoridad Administrativa del Trabajo para controlar que exista una «justa composición de los derechos e intereses». Una vez homologado, el acta tendrá carácter de título ejecutivo ante la Justicia del Trabajo de la Ciudad.
La iniciativa incorpora un Servicio de Ratificación Laboral Espontáneo, destinado a acuerdos celebrados privadamente entre las partes con asistencia de abogados. También habilita la posibilidad de celebrar convenios para descentralizar las conciliaciones mediante sindicatos o cámaras empresariales y contempla un sistema de arbitraje voluntario una vez concluida la etapa conciliatoria.
En materia económica, se prevé un Fondo de Financiamiento destinado a cubrir los honorarios básicos de los conciliadores y se autoriza que la implementación del nuevo régimen sea gradual.
Una transición clave para trabajadores, empresas y abogados
La discusión de fondo no pasa solamente por quién administrará las futuras conciliaciones laborales. También está en juego qué ocurrirá con una estructura profesional que durante casi tres décadas absorbió millones de conflictos antes de que llegaran a los tribunales.
Los conciliadores nacionales advierten sobre el riesgo de desaprovechar la experiencia acumulada por un cuerpo que alcanzó tasas de acuerdo superiores al 40%. La Ciudad, mientras tanto, sostiene que necesita herramientas propias para acompañar la consolidación de su autonomía judicial.
El punto decisivo será cómo se articule la transición entre ambos modelos. La ausencia de un convenio formal entre Nación y Ciudad mantiene zonas grises para trabajadores, empleadores, abogados y los propios conciliadores. En ese escenario, un concurso que reconozca especialmente los antecedentes de quienes actualmente integran el SECLO aparece como una de las alternativas para intentar combinar la experiencia del sistema nacional con la nueva estructura laboral porteña.