La administración nacional confirmó que radicará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, por presuntas infracciones a la Ley 26.659.
El Gobierno nacional confirmó que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La acción se basa en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por Argentina en esa zona en disputa.
La demanda se radicará en la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
Las empresas alcanzadas por la denuncia son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Todas operan en proyectos petroleros en aguas próximas al archipiélago.
El texto oficial sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion, lo que implicaría una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.
La acusación no se limitará a las sociedades mencionadas. El Gobierno indicó que incluirá a «todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados» que hayan participado de los hechos bajo investigación.
Qué es el proyecto Sea Lion y por qué apunta el Gobierno
Sea Lion es un yacimiento petrolero ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. Si se concreta según lo previsto, sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago. El campo fue descubierto en 2010 y se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas, a 450 metros de profundidad en el lecho marino.
El emprendimiento es conducido por Navitas Petroleum con el 65% de participación y por Rockhopper Exploration con el 35%. A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa. En la industria petrolera, ese paso implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya fueron completadas y que el proyecto fue considerado viable.
La Cancillería ya había rechazado en diciembre de 2025 esa decisión de inversión y había calificado a ambas firmas como licenciatarias ilegítimas por operar sin permisos nacionales. Toda exploración o explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, según el criterio oficial.
Qué dice la Ley 26.659 que se usa para denunciar
La Ley 26.659 establece sanciones para quienes realicen exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades nacionales. Fue sancionada en 2010 y es el principal instrumento legal argentino para regular actividades en la zona.
La norma prohíbe de forma expresa cualquier actividad vinculada con hidrocarburos en el archipiélago sin autorización de la autoridad argentina competente. La administración nacional informó que investigará cada caso y que aplicará sanciones si comprueba el incumplimiento.
La Oficina del Presidente afirmó que la medida busca «proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina» sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.
El anuncio previo: 45 sancionados por actividades en Malvinas
El viernes pasado, el Gobierno había anunciado que la Cancillería abrirá procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas. Entre ellas se encuentran las que serán denunciadas penalmente.
La decisión busca frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la respuesta argentina frente a operaciones que considera ilegítimas en un territorio bajo disputa de soberanía. Desde la administración indicaron que el procedimiento alcanzará «no sólo» a empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, sino también a sus accionistas y a firmas que les prestaron servicios.
El anuncio se conoció horas después de la cadena nacional en la que el presidente Javier Milei ratificó el reclamo argentino sobre las islas y cuestionó de forma directa el avance de Sea Lion. La Cancillería sostuvo: «Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión.»
Presupuesto 2027 con foco en seguridad nacional
El anuncio sobre la denuncia estuvo acompañado por una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo. El proyecto de Presupuesto 2027 deberá contemplar como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos vinculados con la seguridad nacional.
La iniciativa presupuestaria deberá llegar al Congreso el próximo 15 de septiembre. De acuerdo con el comunicado, la decisión apunta a «asegurar la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina».
El Gobierno señaló que continuará con las acciones que considere necesarias ante posibles actividades que afecten los derechos soberanos argentinos sobre esos territorios y sus recursos.