El exjefe de Gabinete pidió suspender el requerimiento de la fiscalía para acceder a más elementos de la causa antes de responder las 20 preguntas sobre su evolución patrimonial.
Manuel Adorni, exjefe de Gabinete, solicitó una prórroga para responder el requerimiento fiscal que busca que justifique su evolución patrimonial. El plazo vence este miércoles, y la fiscalía le había otorgado 15 días para presentar su descargo.
La defensa de Adorni, a cargo del abogado Matías Ledesma, pidió la suspensión del requerimiento argumentando que no tuvo acceso a todos los elementos de la causa. Entre ellos, solicitó acceder al contenido del teléfono de Matías Tabar, contratista que realizó trabajos en la vivienda del exfuncionario en el country Indio Cuá. El pedido se limita a la información relacionada con las obras en ese inmueble y la relación entre Adorni y Tabar. El juez Ariel Lijo aún no respondió ese planteo.
El requerimiento fue formulado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, a partir de un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI). Ese análisis detectó inconsistencias en la evolución del patrimonio de Adorni y su pareja, Bettina Angeletti, desde el 14 de diciembre de 2023 hasta la actualidad. El informe no estableció una cifra concreta sobre un eventual desbalance, pero identificó incrementos, compras y desembolsos que no encontraban explicación suficiente con los ingresos lícitos comprobados.
El fiscal formuló 20 preguntas organizadas en bloques temáticos. Entre los puntos a responder se incluyen: el origen de los dólares en efectivo declarados, la existencia y aplicación de fondos de dos mutuos con familiares, el origen del dinero para adquirir un Jeep 0Km, los fondos para comprar el lote 380 del country Indio Cuá y financiar las obras, los u$s245.000 abonados a Tabar por la remodelación de la vivienda, los fondos para pagar muebles del departamento de Miró 550, la compra y mejoras en ese inmueble, e ingresos no alcanzados por el impuesto a las Ganancias.
También se pregunta por fondos utilizados en viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos escolares. La fiscalía busca determinar si se usaron terceros para realizar compras y pagos por cuenta del grupo familiar. Además, se detectaron comprobantes informados ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por más de $6 millones cuyo pago no pudo ser conciliado con los movimientos financieros.
El requerimiento incluye la cancelación de deudas bancarias, honorarios notariales, consumos de usuarios adicionales de tarjetas, una facturación de más de $4 millones a nombre de Angeletti emitida por una concesionaria, y acreditaciones no salariales en la cuenta sueldo de Adorni. También se pide precisión sobre el criterio para valuar las mejoras en Miró 550 y el lote de Indio Cuá.
Uno de los puntos centrales es el origen de los u$s200.000 que Adorni afirmó haber invertido en bitcoin. La fiscalía pregunta de dónde salió el capital inicial para esa operación. La respuesta de Adorni o su eventual postergación marcará el rumbo de la causa.