La presidenta del Congreso, Francina Armengol, compareció este martes para dar explicaciones sobre la contratación de mascarillas a la empresa investigada en el caso Koldo. Negó haber recibido órdenes o presiones y señaló al portavoz del PP, Miguel Tellado, por su petición de dimisión.
La presidenta del Congreso, Francina Armengol, compareció este martes en la Cámara Baja para ofrecer explicaciones sobre la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión, investigada en el marco del caso Koldo. Armengol afirmó que, cuando presidía el Gobierno balear, no recibió «órdenes» ni «presiones» de la trama para contratar a dicha empresa ni para no reclamar la devolución de parte del material.
La comparecencia se produjo después de que el portavoz del PP, Miguel Tellado, registrara el lunes una petición para exigir su dimisión por «sospechas» en la gestión de contratos durante su etapa como presidenta de Baleares. En su intervención, Armengol señaló directamente a Tellado: «Es, como mínimo, sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que aparece en el sumario».
Armengol aclaró que ni ella ni nadie de su Gobierno «está siendo investigado ni sale en el sumario». Añadió: «Yo pido responsabilidad al PP, le pido que estén a la altura de las circunstancias. En política no todos somos iguales».
En cuanto a la contratación, Armengol sostuvo: «Ni a mí, ni a mi Gobierno, nadie, y nadie es nadie, ni nos dio una orden, ni nos presionó, ni nos coaccionó, ni nos pidió que contratáramos a ninguna empresa. Y nadie es nadie. Ni eso ni que renunciáramos a reclamar a la empresa el dinero». También afirmó que jamás dio instrucciones para contratar a una empresa u otra durante sus ocho años al frente de la comunidad autónoma y cuatro años en el Consell Insular de Mallorca.
Sobre el contrato en cuestión, Armengol explicó que en abril de 2020 Baleares compró mascarillas FFP2 por un valor de 3,7 millones de euros, decisión tomada por los técnicos del servicio de salud. Tras el análisis en el Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo, se determinó que las mascarillas no filtraban como FFP2 pero servían como quirúrgicas, por lo que se almacenaron. El Gobierno balear reclamó a la empresa la diferencia de precio antes de las elecciones del 28 de mayo de 2023.
Armengol indicó que la responsabilidad de que el dinero reclamado regrese a las arcas públicas corresponde al actual Ejecutivo de Baleares, conformado por PP y Vox. «El actual gobierno que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma», declaró.
La Fiscalía Europea abrió una investigación contra Armengol por malversación en relación con los contratos de mascarillas, según informaron fuentes oficiales.
