La Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que establece un procedimiento abreviado para desalojos por falta de pago. La iniciativa modifica plazos y procesos judiciales, con impacto en el mercado de alquileres.
El Senado de la Nación aprobó en primera instancia el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa introduce un mecanismo de desalojo exprés para inquilinos que no paguen el alquiler y modifica los tiempos judiciales para la restitución de inmuebles.
El proyecto establece que, ante un incumplimiento en el pago, el propietario podrá intimar al inquilino una vez transcurridos 10 días desde la mora. Si la deuda no se regulariza en ese plazo, se podrá iniciar un proceso sumarísimo de desalojo. El plazo de intimación fue ampliado durante las negociaciones legislativas, ya que el texto original contemplaba tres días.
La iniciativa también introduce procedimientos abreviados para otros conflictos vinculados con la restitución de propiedades, como la ocupación sin título o la tenencia precaria. En esos casos, el juez podrá ordenar la restitución si el propietario acredita documentalmente su derecho y presta caución juratoria.
Entre los cambios previstos se incluyen notificaciones digitales, la imposibilidad de rechazar la devolución del inmueble y la intervención de organismos competentes cuando haya menores o personas en situación de vulnerabilidad. Además, el proyecto modifica aspectos de las expropiaciones, habilita documentación digital en los Registros de la Propiedad y introduce cambios en la Ley Pierri.
En los contratos de alquiler de vivienda, el plazo de intimación será de 10 días corridos. En los contratos comerciales, el plazo podrá ser fijado libremente por las partes.
El Poder Ejecutivo sostiene que la reforma busca reducir los tiempos judiciales para recuperar inmuebles y brindar mayor seguridad jurídica a los propietarios, con el objetivo de aumentar la oferta de viviendas en alquiler.
Organizaciones de inquilinos expresaron su rechazo al proyecto. Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, afirmó que se trata del “régimen de desalojo más agresivo de América Latina” y señaló que “con diez días de incumplimiento quedás en la calle”. También indicó que la iniciativa limita las herramientas de defensa de los inquilinos y podría profundizar la crisis habitacional.
El proyecto continúa su tratamiento en la Cámara de Diputados, donde se esperan nuevas negociaciones para su aprobación definitiva.