El Senado comenzó a debatir este jueves una versión reducida del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo retirara el capítulo que modificaba la Ley de Tierras.
El Senado comenzó a debatir este jueves una versión reducida del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, luego de que el oficialismo decidiera retirar el capítulo que modificaba la Ley de Tierras y flexibilizaba las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros.
La decisión fue tomada por el bloque de La Libertad Avanza (LLA) ante la falta de votos suficientes para aprobar ese apartado, que había generado resistencias entre senadores aliados, gobernadores provinciales y sectores de la oposición. De esta manera, el Gobierno busca salvar el resto de la iniciativa, cuyo eje principal pasa ahora por acelerar los procesos de desalojo, limitar las expropiaciones estatales y modificar la Ley de Manejo del Fuego.
La sesión no requirió un nuevo llamado a quórum debido a que se trata de la reanudación del debate iniciado el pasado 16 de julio, cuando el Senado pasó a un cuarto intermedio por las diferencias en torno al capítulo de tierras.
El Gobierno retiró la reforma de la Ley de Tierras para evitar una derrota
El proyecto original impulsado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, incluía una reforma a la normativa vigente desde 2011 que eliminaba límites para la adquisición de tierras por extranjeros. Durante la negociación parlamentaria, el oficialismo había aceptado modificar esa propuesta y elevar del 15% al 25% el límite de superficie provincial que podría estar en manos extranjeras.
Sin embargo, el capítulo continuó generando rechazo y el oficialismo comenzó a perder apoyos clave. Entre ellos estuvieron las senadoras vinculadas a los gobernadores de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y Neuquén, Rolando Figueroa, quienes anticiparon que sus representantes no acompañarían esa parte del proyecto.
También surgieron dudas dentro del radicalismo y de otros bloques provinciales, lo que puso en riesgo la aprobación general de la iniciativa. Ante un escenario de votación ajustada y presión política, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, decidió eliminar ese capítulo para concentrar el debate en el resto de la norma.
Desalojos exprés: qué cambia para propietarios e inquilinos
El principal punto que mantiene el proyecto es la reforma del régimen de desalojos. La iniciativa establece que los procesos de restitución de inmuebles deberán tramitar bajo el procedimiento de juicio sumarísimo, una vía más rápida que la actual.
La norma permite que, cuando se trate de ocupantes precarios, intrusos u otros casos donde exista obligación de devolver el inmueble, el juez pueda ordenar la entrega inmediata del bien en cualquier momento del proceso, siempre que considere acreditado el derecho del propietario.
Además, el proyecto establece que la solicitud de restitución deberá resolverse en plazos abreviados y otorga mayor protagonismo al juez durante el trámite.
En los casos de alquileres destinados a vivienda, el oficialismo incorporó modificaciones para diferenciar a los inquilinos que incumplen un contrato de quienes ocupan ilegalmente un inmueble. Antes de iniciar una demanda por falta de pago, el propietario deberá intimar al locatario y otorgarle un plazo de 10 días corridos para regularizar la situación.
También se incorporan las notificaciones electrónicas como mecanismo válido para avanzar con el procedimiento, incluso cuando el destinatario se niegue a recibir una comunicación física.
La iniciativa contempla además una protección especial cuando en el inmueble habiten:
- Menores de edad
- Personas con discapacidad
- Adultos mayores en situación de vulnerabilidad
En esos casos, el juez deberá dar intervención a los organismos correspondientes antes de concretar el desalojo.
Qué pasa con los barrios populares y los desalojos en asentamientos
Otro de los cambios acordados durante el debate fue eliminar los artículos que permitían avanzar con desalojos directos en terrenos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
La propuesta original generaba críticas porque modificaba el esquema vigente de protección sobre esos asentamientos. Finalmente, ese capítulo fue retirado para facilitar acuerdos parlamentarios.
Cambios en las expropiaciones: más límites al Estado
El proyecto también introduce modificaciones al régimen de expropiaciones. La declaración de utilidad pública de un inmueble deberá tener una interpretación restrictiva y justificar de manera concreta la necesidad de la medida.
Además, la norma establece que la expropiación deberá demostrar que es idónea, necesaria y proporcional para alcanzar el objetivo planteado por el Estado.
Otro cambio relevante es la forma de calcular las indemnizaciones. El valor del inmueble deberá determinarse tomando como referencia el momento previo a cualquier acto administrativo, legislativo o anuncio oficial vinculado con la expropiación.
El monto deberá actualizarse según el índice de precios al consumidor (IPC) más una tasa de interés vinculada a los depósitos tradicionales del Banco Nación. También se limita el reconocimiento del lucro cesante, que no podrá superar el 30% del valor correspondiente al daño emergente.
Reforma de la Ley de Manejo del Fuego
La iniciativa modifica además la Ley de Manejo del Fuego, al eliminar las restricciones que impedían cambiar el uso del suelo en terrenos afectados por incendios durante períodos de entre 30 y 60 años.
El Gobierno sostiene que esas limitaciones generaban un perjuicio económico para los propietarios afectados por incendios, al impedirles desarrollar actividades productivas o inmobiliarias en sus terrenos.
La reforma mantiene excepciones para bosques nativos y áreas protegidas consideradas de especial sensibilidad ambiental.