La Cámara de Senadores analiza la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que introduce un mecanismo de desalojo abreviado para inquilinos morosos. La iniciativa modifica plazos y procedimientos judiciales, con repercusiones en el mercado de alquileres.
El Senado de la Nación debate el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, enviado por el Poder Ejecutivo, que incorpora un procedimiento de desalojo exprés para inquilinos que incumplan el pago del alquiler. La iniciativa busca reducir los tiempos judiciales para la recuperación de inmuebles.
Qué establece el proyecto
El texto modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y establece un proceso sumarísimo para casos de falta de pago. Entre los cambios principales se encuentra la reducción de plazos para intimar al inquilino: el propietario podrá notificar el incumplimiento a los 10 días corridos de la mora. Si la deuda no se regulariza en ese plazo, se podrá iniciar la demanda de desalojo.
Para los contratos de vivienda, el plazo de intimación se mantiene en 10 días corridos. En los contratos comerciales, el plazo podrá ser fijado libremente por las partes. El proyecto también establece notificaciones digitales, la entrega de llaves sin posibilidad de rechazo por parte del propietario, y la intervención de organismos competentes cuando existan menores o personas en situación de vulnerabilidad.
Alcance y exclusiones
La iniciativa alcanza a locatarios, sublocatarios, tenedores precarios e intrusos, pero no modifica el delito de usurpación, que sigue regulado por el Código Penal. Además, introduce cambios en la Ley Pierri, en la Ley de Manejo del Fuego y habilita la presentación de documentación digital en los Registros de la Propiedad.
Posturas oficiales
El Poder Ejecutivo sostiene que la demora judicial es un factor que desincentiva la oferta de viviendas en alquiler y que la reforma brindará mayor seguridad jurídica a los propietarios. Especialistas del sector inmobiliario señalaron que muchos propietarios retiran sus inmuebles del mercado por el riesgo de juicios prolongados.
El referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, afirmó que el proyecto constituye «el régimen de desalojo más agresivo de América Latina» y que «con diez días de incumplimiento quedás en la calle». Sostuvo que la iniciativa reduce las posibilidades de negociación y podría agravar la crisis habitacional.
El Congreso continúa negociando modificaciones al texto para obtener los votos necesarios para su aprobación.