El Decreto 690/2026, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, generó la paralización de más de 150 buques en puertos argentinos. El Gobierno abrió un canal de diálogo con los prácticos, mientras la Federación de Empresas Navieras Argentinas advirtió sobre los riesgos de la apertura del cabotaje.
El Decreto 690/2026, publicado por el Poder Ejecutivo, modificó el régimen de practicaje en los puertos argentinos. La norma, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habilitó a cualquier capitán de barco a ejercer la actividad de guía para el ingreso de buques, eliminó el sistema cerrado de inscripción de prácticos y estableció tarifas máximas fijadas por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación.
Desde el sábado, la Asociación de Prácticos de la República Argentina (APRA) dejó de prestar servicios. Como consecuencia, más de 150 buques permanecieron detenidos en distintos puertos del país, sin poder ingresar ni salir. El Río de la Plata y la Hidrovía registraron una paralización total de la actividad.
Al caer la tarde del lunes, APRA emitió un comunicado interno en el que informó que representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación y de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia se comunicaron con sus autoridades para abrir un canal de diálogo. La entidad condicionó la participación en una mesa de trabajo a la suspensión o derogación del Decreto 690/2026. “Para que exista un diálogo real y sincero, es imprescindible que ambas partes podamos sentarnos en igualdad de condiciones”, expresó la nota.
La Federación de Empresas Navieras Argentinas (FENA) emitió un comunicado en el que advirtió sobre los riesgos de la apertura del cabotaje a empresas extranjeras. La entidad sostuvo que la medida, por sí sola, no elimina los sobrecostos argentinos y que podría sustituir capacidad nacional por flota extranjera. “La prioridad de las políticas públicas de las principales potencias se concentra en la expansión de las flotas bajo pabellón nacional”, indicó FENA.
El Gobierno defendió la reforma. Sturzenegger afirmó que “la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo y no un kiosco regulatorio”. Según el ministro, un servicio de practicaje para un buque Panamax cuesta en Argentina unos 16.900 dólares, por encima de los valores registrados en Estados Unidos, Europa y México.
La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales anunció acciones judiciales, un recurso de amparo y una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron la norma. La Prefectura Naval Argentina había comenzado a intimar a los profesionales para que retomaran el servicio, recordando que el practicaje es un servicio público regulado por la Ley de Navegación. La apertura del canal de diálogo distendió la situación.
Mientras tanto, el Poder Ejecutivo prepara un proyecto de ley para modificar el régimen de cabotaje marítimo. La iniciativa habilitaría a buques extranjeros a realizar transporte de cargas y pasajeros entre puertos argentinos, bajo la legislación de sus países de origen. La FENA cuestionó esta medida y reclamó igualdad de condiciones laborales, fiscales y regulatorias para todos los operadores.
El conflicto por los prácticos representa el primer caso en el que una reforma impulsada por Sturzenegger deriva en la paralización efectiva de una actividad clave para el comercio exterior. El Gobierno enfrenta el desafío de resolver este frente mientras avanza con una reforma más amplia sobre la marina mercante y el cabotaje.