El oficialismo no reúne los votos necesarios en el Senado para aprobar el proyecto que elimina el límite a la compra de tierras rurales por extranjeros. Por eso, el Gobierno decidió enfocar su agenda legislativa en la reforma de la carta orgánica del Banco Central, mientras la sesión del 6 de agosto sigue en duda.
El gobierno de Javier Milei decidió postergar el tratamiento en el Senado del proyecto que elimina el límite para la venta de tierras rurales a personas y empresas extranjeras, y desplazó su foco hacia la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA). Según informaron fuentes parlamentarias a iProfesional, el oficialismo aún no cuenta con los votos suficientes para garantizar la aprobación del capítulo más polémico de la iniciativa denominada «inviolabilidad de la propiedad privada».
La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, postergó en cuatro oportunidades el debate en el recinto. La última vez, la sesión fue pasada a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto. En ese contexto, el Ejecutivo anunció por cadena nacional el envío a la Cámara de Diputados de un proyecto para reformar la carta orgánica del BCRA, iniciativa que pasó a ocupar el primer lugar en la agenda parlamentaria.
En el oficialismo y en los bloques aliados reconocieron que el tema de las tierras «viene complicado». La falta de un consenso sólido entre el Ejecutivo y las provincias sobre quién autoriza y define las condiciones para la venta, sumado a la presión social canalizada a través de redes y movilizaciones, dificulta la obtención de los votos necesarios.
Para el 6 de agosto, fecha prevista para la sesión, distintas agrupaciones sociales, políticas y ambientalistas, entre ellas la CGT y la Iglesia, convocaron a una movilización en el Congreso en contra de la «extranjerización» de las tierras. La convocatoria también fue difundida por la artista Lali Espósito en sus redes sociales.
En el Senado, la bancada de la UCR se encuentra dividida: Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama manifestaron su oposición, mientras que otros legisladores radicales aún no definieron su postura. Los senadores misioneros Sonia Rojas y Carlos Arce, habituales aliados del oficialismo, no comprometieron su apoyo. Los tres senadores de Convicción Federal no dieron quórum en el último intento del oficialismo.
El bloque libertario no descartó postergar nuevamente la sesión, según confiaron a iProfesional. La decisión final dependerá del conteo de votos que realice el oficialismo a partir del lunes, cuando se retome la actividad parlamentaria tras el receso invernal.
En caso de que la votación fuera ajustada y se produjera un empate, la definición quedaría en manos de la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien ya expresó su rechazo al proyecto al afirmar que el oficialismo busca «vender el país». Este viernes, la tensión entre Villarruel y la Casa Rosada escaló cuando el jefe de Gabinete, Diego Santilli, pidió que la vicepresidenta «dé un paso al costado», luego de que ella manifestara su «genuina preocupación» por el estado del Presidente.
El proyecto de «propiedad privada» que impulsa el Ejecutivo modifica la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011, que limita al 15% del territorio nacional o de una misma provincia la adquisición de tierras por parte de extranjeros. El objetivo del Gobierno es eliminar ese límite, aunque se mantendría la prohibición para que Estados extranjeros compren tierras. Las empresas con participación estatal extranjera podrían adquirir tierras con autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, rechazó una de las últimas modificaciones propuestas, que permitía a cada provincia fijar sus propios límites, argumentando que generaría una dispersión de criterios contraria al objetivo de dar garantías a los inversores externos. Bullrich intentaba convencer al ministro para aceptar esa cláusula.
Quienes se oponen al proyecto advierten sobre un riesgo para la soberanía en recursos estratégicos como minerales raros y agua. Entre los opositores se encuentran sectores de la Iglesia, la CGT y la Coalición Cívica de Elisa Carrió.