La presidenta del Congreso, Francina Armengol, negó haber recibido órdenes o presiones de la trama Koldo para contratar a la empresa Soluciones de Gestión y rechazó la solicitud de dimisión del PP.
La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, compareció este martes en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre la compra de mascarillas realizada por el Gobierno balear durante la pandemia. Armengol afirmó que no recibió «órdenes» ni «presiones» de la trama Koldo para contratar a la empresa Soluciones de Gestión, ni para renunciar a reclamar la devolución del dinero.
El Partido Popular, a través de su portavoz Miguel Tellado, registró el lunes una petición para exigir la dimisión de Armengol por «sospechas» en la gestión de contratos de mascarillas cuando ella era presidenta de Baleares. Armengol respondió directamente a Tellado: «Es, como mínimo, sorprendente que quien me pide la dimisión es el único que aparece en el sumario».
Armengol aclaró que ni ella ni nadie de su Gobierno «está siendo investigado ni sale en el sumario». «Por tanto, yo pido responsabilidad al PP, le pido que estén a la altura de las circunstancias. En política no todos somos iguales», afirmó.
La presidenta del Congreso detalló que la compra de mascarillas por un contrato de 3,7 millones de euros se realizó en abril de 2020, durante la pandemia. «Compramos mascarillas que se nos vendieron como FFP2, y nosotros, la comunidad autónoma, decidido por el servicio de salud de mi comunidad autónoma, compró esas mascarillas porque los técnicos pensaron que era necesario», explicó.
Según su relato, las mascarillas fueron enviadas al Instituto Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo para su análisis. Los resultados indicaron que no filtraban como FFP2, pero servían como mascarillas quirúrgicas, por lo que se decidió almacenarlas. Armengol señaló que la reclamación de la diferencia de precio a la empresa se realizó antes de las elecciones del 28 de mayo, «en tiempo y forma».
Armengol agregó que la responsabilidad de que el dinero reclamado regrese a las arcas públicas recae ahora en el nuevo Ejecutivo de Baleares, conformado por PP y Vox. «El actual gobierno que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma», concluyó.