El fideicomiso Fidulac, presidido por el empresario Gustavo Scaglione, presentó un recurso judicial para suspender la licitación de los activos de la cooperativa láctea SanCor, valuados en 52,1 millones de dólares, y propone una adquisición que preserve la unidad productiva.
La venta de SanCor suma un nuevo actor que amenaza con abrir otro frente judicial. Un grupo empresario cercano al rosarino Gustavo Scaglione cuestionó el esquema de licitación aprobado para la cooperativa quebrada. La Justicia había valuado los activos en 52,1 millones de dólares.
El nombre de Scaglione ganó notoriedad nacional el año pasado cuando su holding tomó el control de Telefe, al adquirir el paquete accionario del canal a la multinacional Paramount por una suma cercana a los 95 millones de dólares.
El planteo busca suspender el proceso, ya que, según señala, el modelo actual favorece la fragmentación de la compañía y destruye valor económico.
El fideicomiso Fidulac formalizó la impugnación. Es acreedor de la quiebra y está presidido por el propio Scaglione. Presentó un recurso de revocatoria con apelación subsidiaria para dejar sin efecto la resolución del juez Marcelo Gelcich. Esa resolución había aprobado el pliego de bases y condiciones para la venta de los activos. Fidulac también solicitó la suspensión inmediata de la licitación.
La presentación sostiene que las decisiones adoptadas respecto de la venta de los bienes “inciden de manera inmediata y directa sobre las posibilidades de satisfacción de los créditos” y sobre la preservación del valor económico del activo. El recurso advierte que la continuidad del proceso podría generar consecuencias de muy difícil o imposible reversión.
Fuentes cercanas al grupo empresario explicaron que la apuesta es por una solución integral para la cooperativa. No buscan activos aislados, sino preservar la estructura productiva completa. “Hoy el principal atractivo económico de SanCor es su marca”, reconocieron, pero agregaron que el desafío va más allá: se trata de mantener una estructura que permita sostener el negocio en el tiempo. La intención es mantener integrada la operación, no limitarse a la adquisición de marcas o plantas por separado. El argumento es que una empresa completa vale más que la suma de sus partes.
Desde ese espacio también expresaron reparos sobre los tiempos del proceso. Según señalaron, el cronograma licitatorio avanzó con una velocidad inusual. Entienden que no se agotaron instancias previstas para la intervención de los acreedores. “Todavía existen cuestiones procesales pendientes que deberían resolverse antes de avanzar con la adjudicación”, sostuvieron.
La resolución firmada por Gelcich estableció una base total de 52,1 millones de dólares para quienes oferten por el conjunto de los activos. El desglose de esa cifra llamó la atención en el mercado: las marcas y bienes intangibles fueron valuados en 24,7 millones de dólares, es decir, prácticamente la mitad del valor total de la compañía. El resto corresponde a las seis plantas industriales distribuidas entre Santa Fe y Córdoba.
Para Fidulac, el valor de la compañía aumenta si se preserva la unidad productiva. “La empresa como unidad productiva presentará un mayor valor que las unidades que la integran consideradas en forma separada”, sostiene el recurso judicial. Según fuentes consultadas, una planta industrial asociada a una marca consolidada genera mayores incentivos para invertir y para ampliar producción y sostener puestos de trabajo. “Si la compañía se fragmenta, se reducen las posibilidades de preservar la actividad y el empleo”, afirmaron.
Además de cuestionar el esquema de venta, Fidulac denunció presuntas irregularidades en el procedimiento. El escrito sostiene que la resolución fue dictada “sin sustanciación previa ni posibilidad de contradicción” por parte de los interesados. Cuestiona que el proceso se haya desarrollado sin la intervención efectiva de los acreedores y denuncia la ausencia del Comité de Acreedores, órgano previsto por la Ley de Concursos y Quiebras para supervisar este tipo de actos. Según el recurso, la aprobación del pliego se produjo “prescindiendo de los mecanismos de control” que la propia ley establece.
Otro cuestionamiento apunta al funcionamiento de la sindicatura plural designada para la quiebra. Según Fidulac, uno de los síndicos habría quedado excluido de la elaboración del pliego y de las actuaciones vinculadas con la enajenación de los activos, lo que habría neutralizado uno de los principales mecanismos de control previstos para un proceso de esta complejidad. El recurso advierte que los antecedentes técnicos y tasaciones no fueron sometidos al control de los acreedores, ni incorporados al expediente de manera que permitieran ejercer adecuadamente el derecho de defensa.
Fidulac también cuestiona la reducción del 20% aplicada sobre la valuación de la planta de Sunchales, aplicada luego del incendio registrado en junio. Según la presentación, no existiría en el expediente un nuevo informe técnico que justifique específicamente esa reducción, ni constancias suficientes sobre el alcance de los daños sufridos por el establecimiento.
La presentación judicial deja planteada una discusión de fondo sobre el futuro de SanCor: si la histórica cooperativa será liquidada mediante la venta fragmentada de sus activos o si todavía existe margen para preservarla integrada. Mientras la Justicia avanza con el cronograma de venta, distintos jugadores del sector analizan participar de la compulsa. El grupo empresario cercano a Scaglione busca posicionarse como alternativa, con el objetivo de mantener articuladas las marcas, las plantas y la operación industrial.
Por ahora, la definición está en manos del juez Gelcich, quien deberá resolver si acepta suspender la licitación o si el proceso sigue adelante tal como estaba previsto.