El Gobierno envió al Congreso un régimen de incentivos para grandes inversiones en inteligencia artificial, semiconductores y centros de datos, mientras Chile y Uruguay avanzan con proyectos de Amazon y Google.
Mientras Amazon Web Services (AWS) avanza en Chile con una inversión superior a u$s4.000 millones y Google construye en Uruguay un centro de datos por más de u$s850 millones, Argentina busca recuperar terreno en la competencia regional por infraestructura para inteligencia artificial (IA). La apuesta oficial se concentra en el Súper RIGI, un régimen de incentivos para grandes inversiones en nuevas industrias que ingresó al Congreso.
La propuesta apunta a proyectos de al menos u$s1.000 millones en inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, infraestructura digital, centros de datos y otras actividades tecnológicas. Según el Gobierno, si la IA exige centros de datos, energía y redes, el país debe disputar una parte de esa inversión global.
Los hiper escaladores, como se denomina a los gigantes tecnológicos que operan infraestructura de servidores de acceso remoto, planifican sus desembolsos con horizontes de 15, 20 o 30 años. En esa cuenta pesan la estabilidad macroeconómica, el acceso a divisas, la importación sin trabas de hardware, la energía limpia, la conectividad internacional, la baja latencia, la sustentabilidad ambiental y reglas previsibles.
AWS anunció en mayo de 2025 una inversión superior a u$s4.000 millones para poner en marcha una nueva región de infraestructura de computación en la nube en Chile. Google eligió Canelones, Uruguay, para construir un nuevo centro de datos con una inversión superior a u$s850 millones. Para Argentina, ambos casos actúan como una advertencia: durante años, el país buscó posicionarse como destino posible para proyectos de hiperescala, pero esa expectativa no derivó en una región propia de AWS.
Rafael Ibañez, director general ejecutivo de SkyOnline, señaló que el proyecto de AWS quedó en pausa y que Google eligió Uruguay para construir su centro de datos. «No ven a la Argentina todavía lo suficientemente preparada como para realizar inversiones», afirmó.
El Súper RIGI apunta a industrias que hoy no existen en el país o exhiben un desarrollo incipiente, con el objetivo de captar inversiones de escala. Entre los puntos centrales del esquema figuran una alícuota reducida del impuesto a las ganancias del 15%, beneficios aduaneros para la importación de bienes de capital, exenciones de derechos de exportación, estabilidad fiscal y regulatoria de largo plazo, amortización acelerada y un sendero progresivo de mayor disponibilidad de divisas provenientes de exportaciones.
Los especialistas advierten que los beneficios fiscales representan solo una parte de la ecuación. Los hiper escaladores no eligen un país únicamente por una menor carga impositiva. También evalúan energía, conectividad, latencia, disponibilidad de tierra, seguridad jurídica, talento técnico, proveedores locales, sustentabilidad ambiental y estabilidad política.
Según el relevamiento presentado por la Cámara Argentina de Internet (Cabase) en las jornadas Internet Day 2026, Argentina cuenta con 13 centros de datos operativos de más de 1 MW, con una potencia instalada total cercana a 32 MW. La capacidad se concentra en el área metropolitana de Buenos Aires: el 71% corresponde a la Capital Federal, con unos 23 MW, y el 29% restante a la provincia de Buenos Aires, con unos 9 MW.
Hernán Winnick, director de ventas de centros de datos de Cirion, explicó que la latencia define si un país será consumidor de tecnología alojada en el exterior o si podrá desarrollar capacidad propia. «Lo que la latencia te permite es, en definitiva, que de alguna manera se invierta la ecuación y no seamos solo consumidores de tecnología o de recursos tecnológicos que están a miles de kilómetros de distancia o a 120 o 180 milisegundos de latencia, sino que podamos desarrollarlos acá», sostuvo.
Mientras el Súper RIGI intenta seducir a proyectos de hiperescala, el Enacom impulsa una agenda complementaria: financiar la infraestructura local. Martín Ozores, interventor del Enacom, planteó un viraje desde el subsidio directo hacia instrumentos del mercado de capitales, con obligaciones negociables y avales para que prestadores regionales y pymes tecnológicas accedan a financiamiento de largo plazo. Ozores precisó que el Fondo de Servicio Universal cuenta con alrededor de u$s200 millones disponibles.