El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó declaraciones juradas rectificativas y se adhirió al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias para regularizar activos no declarados, entre ellos unos u$s513.000 originados en inversiones con Bitcoin. Especialistas en derecho tributario explicaron que estas acciones podrían evitar una denuncia penal por evasión.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, implementó una estrategia de regularización fiscal que incluyó la presentación espontánea de declaraciones juradas rectificativas y la adhesión al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, según informaron fuentes oficiales y especialistas en derecho tributario consultados.
En una entrevista televisiva, Adorni declaró: “Las declaraciones juradas las presenté antes de ingresar y también las declaraciones rectificativas de los años previos, ante la Oficina Anticorrupción”. La documentación incorporó activos no incluidos anteriormente, entre ellos aproximadamente u$s513.000 procedentes de inversiones realizadas con Bitcoin entre 2013 y 2018.
Félix Rolando, de Andersen Argentina, señaló que “en relación con la posibilidad de una denuncia penal, el análisis sugiere que no existiría una situación punible si el contribuyente opta por regularizar su situación de manera espontánea”. Agregó: “Al no haber una verificación en curso ni una acción penal iniciada, la rectificación voluntaria de las declaraciones juradas elimina la intención de ardid o engaño necesaria para defraudar al Estado”.
Alberto Mastandrea, de BDO Argentina, explicó que la Ley de Inocencia Fiscal introduce un mecanismo de regularización que, mediante la adhesión al Régimen Simplificado y la presentación de la declaración jurada del periodo base, puede bloquear la facultad de ARCA para fiscalizar periodos anteriores y limitar la posibilidad de denuncias penales. Mastandrea detalló que el beneficio incluye la imposibilidad de denunciar penalmente por evasión tributaria sobre esos periodos y nuevos umbrales de punibilidad más elevados.
Sin embargo, Mastandrea advirtió que la protección no es absoluta: “Para mantener el bloqueo hacia atrás, el contribuyente debe renovar su cumplimiento cada año sin presentar discrepancias significativas. Si en años futuros se detectara una diferencia significativa, se produce la caída del bloqueo y el fisco recobra la posibilidad de realizar la denuncia penal”.
Respecto a los u$s513.000 en Bitcoin, Rolando indicó que los años 2018 y 2019 prescribieron en enero de 2026, por lo que ARCA no puede reclamar impuestos por ese periodo. Además, recordó que recién en 2018 las monedas digitales comenzaron a estar gravadas en Argentina. “Es fundamental que el contribuyente cuente con la documentación que acredite la tenencia de esos activos en aquel momento para justificar el origen de los fondos”, concluyó.