La Resolución Conjunta 3/2026 del INASE y la Secretaría de Agricultura establece un protocolo de fiscalización en puntos de entrega primaria de granos, que aplica a cultivos autógamos como soja, trigo y algodón.
El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo sistema de fiscalización de semillas que modifica la relación entre los productores agropecuarios y las empresas obtentoras de variedades genéticas. A través de la Resolución Conjunta 3/2026 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) y de la Secretaría de Agricultura, el Ejecutivo estableció un protocolo de control de identidad varietal en grano a partir de muestras tomadas en el primer punto de entrega de la cosecha, esto es, en acopios, cooperativas y puertos de exportación.
La norma, publicada en el Boletín Oficial, fue el resultado de un proceso en el que el Ministerio de Desregulación, a cargo de Federico Sturzenegger, presentó el esquema a las entidades rurales y al sector semillero. La medida aplica únicamente a las variedades que se inscriban a partir de su publicación.
El mecanismo toma como modelo el sistema Bolsatech, utilizado para detectar la variedad Intacta de la ex Monsanto. La nueva resolución generaliza ese tipo de control a todos los cultivos autógamos, donde el productor puede guardar parte de su cosecha para resembrar, como soja, trigo y algodón.
Los establecimientos que operen como puntos de entrega primaria deberán: tomar muestras de cada cargamento y someterlas a análisis de identidad varietal mediante métodos reconocidos por el INASE; utilizar pruebas genéticas o de inteligencia artificial por imagen; conservar las muestras y contramuestras en sobres rotulados durante 60 días corridos; enviar los resultados simultáneamente al titular de la variedad y al productor.
Si el obtentor detecta que la variedad fue utilizada sin el pago de regalías, tendrá 60 días para denunciar el caso ante el INASE, que actúa como árbitro si las partes no llegan a un acuerdo directo. Antes de esta reforma, el organismo aplicaba sanciones y multas; ahora su rol es más acotado.
Los análisis estarán a cargo de Cámaras Arbitrales o entidades privadas habilitadas que hayan suscripto convenios con el INASE. El costo operativo recaería en los titulares de las variedades, aunque los productores advierten que ese gasto podría trasladarse a lo largo de la cadena.
El debate sobre la propiedad intelectual en semillas tiene en Argentina una historia de décadas. La Ley de Semillas vigente (20.247, de 1973) reconoce el derecho del productor al uso propio. Las empresas obtentoras reclaman desde hace años que ese mecanismo genera un mercado informal de semillas.
El Gobierno llegó a esta resolución tras descartar una reforma legislativa directa. La adhesión al convenio UPOV 91, que restringe el uso propio, fue incorporada como compromiso en el acuerdo bilateral con la administración de Donald Trump, pero requiere una ley del Congreso. El Ejecutivo optó por avanzar por vía reglamentaria.
En 2016, el gobierno de Cambiemos implementó un mecanismo similar mediante la resolución 207 del INASE (Sistema Bolsatech). En 2024, la Secretaría de Bioeconomía estableció la obligación para los productores de informar la compra de semilla original. La resolución de hoy profundiza esa línea.
Sturzenegger defendió la medida en sus redes sociales, sosteniendo que el atraso del país en rindes respecto de Brasil y Estados Unidos se explica por la falta de protección efectiva a la propiedad intelectual en semillas. Comparó los rendimientos del algodón en Chaco (600 kilos de fibra por hectárea) con los de Brasil (1.800 kilos) y señaló que la diferencia se origina en que Brasil protege los derechos de los obtentores. Afirmó que el crecimiento de la productividad en soja viene siendo la mitad de la velocidad mundial y que Brasil registró 330 variedades nuevas frente a 23 en Argentina.
“Lo que vamos a hacer es transferir el control al sector privado”, explicó el ministro. Aclaró que el nuevo sistema no implica la adhesión a UPOV 91 y que no afecta retroactivamente a las variedades ya inscriptas. Estimó que al acercarse a la frontera tecnológica, Argentina podría incrementar sus exportaciones agrícolas en al menos 4.000 millones de dólares anuales.
Las entidades rurales presentaron su propia propuesta para actualizar la Ley de Semillas, elaborada junto con CREA y Aapresid, que el Gobierno no tomó en cuenta. Pablo Ginestet, productor y coordinador de la Comisión de Agricultura de CRA, señaló que las entidades no hablan de retenciones por rédito político sino porque constituyeron un impuesto confiscatorio. Ginestet afirmó: “Celebramos toda medida que promueva innovación y mejores semillas”, antes de pedir que el diagnóstico no se reduzca a un solo factor.