El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín hizo lugar a una medida cautelar presentada por ATE y suspendió por seis meses la Resolución 42/26, que disponía el despido de más de 700 empleados y el cese de más de 900 servicios en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
El juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, titular del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, ordenó al Gobierno de Javier Milei suspender la aplicación de la Resolución 42/26 del Ejecutivo. La medida cautelar fue solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y tendrá una vigencia de seis meses desde su notificación.
La resolución gubernamental disponía el despido de más de 700 empleados y el cese de más de 900 servicios que el INTI prestaba. El fallo judicial impide cualquier cesación, transferencia o modificación de funciones, y exige la garantía de ocupación efectiva de todos los trabajadores con mantenimiento pleno de sus categorías y remuneraciones.
El secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó: “La Justicia frenó los despidos masivos en el INTI y también impidió el desmantelamiento del organismo”. Agregó: “Es un triunfo para los estatales”.
El juez Tezanos Pinto consideró que en esta etapa preliminar se encuentran acreditados los requisitos para dictar la medida de no innovar y advirtió sobre el posible daño irreparable derivado de eventuales despidos masivos o modificaciones unilaterales de las condiciones laborales.
La medida también ordena la continuidad de los programas de asistencia técnica, ensayos, certificaciones y transferencia tecnológica bajo la órbita estatal del INTI, mientras se resuelve la cuestión de fondo. En su demanda, ATE solicitó la nulidad e inconstitucionalidad de la Resolución 42/2026, al considerar que implicaba “la cesación de cientos de servicios sistematizados” y la afectación directa de la estabilidad laboral de los trabajadores.
A mediados de abril, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, desactivó más de 900 servicios que el INTI prestaba, indicando que se trataba de una medida en consecuencia de la “baja demanda”. Entre los servicios eliminados figuraban ensayos microbiológicos en alimentos, análisis de calidad de agua y efluentes, servicios de metrología y calibración de instrumentos, y ensayos para la industria como materiales de construcción, seguridad eléctrica y control de combustibles.
Aguiar declaró que la normativa podría ocasionar la pérdida de “personal altamente calificado como profesionales y técnicos de una enorme trayectoria” y señaló que el INTI brindaba un total de 3.000 servicios, por lo que la eliminación de casi 1.000 significa una reducción del 30% de la institución. También sostuvo: “No aceptamos la amenaza de despedir masivamente trabajadores y desarticular numerosas líneas de trabajo. El Gobierno no puede usar el argumento de que se trata de un organismo deficitario, ya que los servicios que realiza el INTI son pagados por las empresas. No solo no tiene pérdidas, sino que además es superavitario”.