La diputada Marcela Pagano solicitó la detención del jefe de Gabinete basándose en la doctrina que antes se aplicó a De Vido y Boudou. El Gobierno libertario enfrenta ahora una jurisprudencia que utilizó contra el kirchnerismo.
La diputada Marcela Pagano presentó un pedido de detención contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, invocando la Doctrina Irurzun. La solicitud se basa en la declaración del contratista Matías Tabar, quien afirmó que Adorni habría pagado 245.000 dólares en efectivo por remodelaciones en su vivienda del country Indio Cua.
Pagano argumentó que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que Adorni ostenta poder y podría influir sobre los testigos. La legisladora pidió celeridad al juez federal Ariel Lijo y recordó que esta misma doctrina permitió la detención preventiva de Julio De Vido y Amado Boudou.
La Doctrina Irurzun fue establecida en 2017 por un fallo de la Cámara Federal porteña impulsado por el juez Martín Irurzun. Hasta entonces, la prisión preventiva requería probar riesgo de fuga o amenazas concretas. Con este nuevo criterio, se considera que los vínculos de poder o el poder residual de un funcionario o exfuncionario son suficientes para presumir que puede obstaculizar una investigación.
Los casos más emblemáticos incluyen a De Vido (exministro de Planificación), Boudou (exvicepresidente) y el empresario Cristóbal López. En 2019, la Cámara de Casación Penal intentó limitar esta doctrina exigiendo agotar medidas menos gravosas antes de la prisión, pero Pagano sostiene que en el caso de Adorni ya está probado el intento de presión a testigos.
El gobierno de Javier Milei enfrenta así una paradoja: una herramienta judicial que antes se usó contra el kirchnerismo ahora es invocada contra un alto funcionario libertario.