La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal intimó al juez laboral Raúl Horacio Ojeda a enviar la causa en 24 horas, cerrando la disputa por la competencia judicial.
La disputa judicial por la reforma laboral sumó un nuevo capítulo. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al juez laboral Raúl Horacio Ojeda remitir el expediente en un plazo de 24 horas, con habilitación de días y horas inhábiles. La resolución dejó asentado que la discusión sobre la competencia «se encuentra definitivamente resuelta».
El fallo reafirma lo decidido el 28 de abril, cuando el tribunal estableció que el caso debía tramitar en el fuero contencioso administrativo federal. La Cámara advirtió que interviene ante el incumplimiento del juez laboral y subrayó que, dado que el conflicto de competencia ya fue saldado, corresponde ordenar la remisión inmediata del expediente.
Detrás de este movimiento judicial aparece la estrategia de la Procuración del Tesoro de la Nación, bajo la conducción de Sebastián Amerio. El organismo tuvo un rol clave en el planteo de inhibitoria que permitió trasladar el caso al fuero contencioso administrativo federal. El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano y con el patrocinio de la Procuración, también solicitó el levantamiento de la medida cautelar dictada por Ojeda, que suspendió más de 80 artículos de la reforma laboral.
La decisión actual tiene como base el fallo del 28 de abril, cuando la Cámara determinó que la causa iniciada por la CGT debía tramitar en el fuero contencioso administrativo federal. El tribunal entendió que el caso excede el marco del derecho laboral tradicional, ya que involucra la validez de una ley sancionada por el Congreso y la actuación del Estado nacional.
Uno de los puntos más sensibles del nuevo fallo es la referencia explícita al incumplimiento del juez Ojeda. Según lo informado por la jueza del fuero contencioso administrativo, el magistrado no había remitido el expediente pese a las órdenes previas. Esto obligó a la Sala IV a intervenir nuevamente con una orden directa, fijando un plazo concreto y habilitando días inhábiles para asegurar su cumplimiento.
Si el juez cumple con lo dispuesto, la causa quedará radicada en el juzgado contencioso administrativo federal N° 12, que deberá analizar la cuestión de fondo. Este cambio define el marco jurídico desde el cual se evaluará la constitucionalidad de la reforma y condiciona el desarrollo del proceso. A partir de ahora, el foco estará en la resolución de fondo, y el conflicto podría escalar hacia instancias superiores, con la Corte Suprema como posible árbitro final.