La diputada Marcela Pagano solicitó ante el juez Ariel Lijo la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto entorpecimiento de una investigación por enriquecimiento ilícito.
La crisis política que atraviesa el Gobierno sumó un nuevo capítulo luego de que la diputada Marcela Pagano solicitara la detención del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito. El pedido fue presentado ante el juez Ariel Lijo, luego de que trascendiera la declaración de un contratista que habría vinculado al funcionario con pagos en efectivo por más de u$s245.000 en refacciones realizadas en una vivienda ubicada en el country Indio Cuá.
“Acabo de solicitar la detención de Manuel Adorni por apretar a un testigo a través de WhatsApp y ofrecerle beneficios a cambio de tergiversar su declaración. Esto es un claro entorpecimiento de la investigación y debe aplicarse la doctrina IRURZUN”, explicó Pagano en su cuenta oficial de X.
Según explicó la legisladora, la solicitud no se basa en un posible riesgo de fuga, sino en el presunto entorpecimiento de la investigación judicial. De acuerdo con su planteo, el arquitecto Matías Tabar, considerado testigo clave, habría sido contactado por el entorno de Adorni antes de declarar bajo juramento. En ese intercambio, siempre según versiones periodísticas citadas por la denunciante, se le habría ofrecido asistencia y sugerido eliminar mensajes de WhatsApp vinculados al caso.
“Se trata de una maniobra concreta para interferir en la causa”, sostuvo Pagano, quien remarcó que la situación se agrava por el rol institucional que ocupa el funcionario.
El pedido de detención se apoya en la llamada doctrina Irurzun, un criterio judicial que habilita la prisión preventiva de personas con poder si se presume que pueden influir en la investigación. Este argumento fue utilizado en el pasado en causas contra exfuncionarios como Julio De Vido y Amado Boudou, y ahora la diputada busca aplicarlo al actual jefe de Gabinete. “Si se utilizó en otros casos, ¿cómo no aplicarlo con alguien que tiene un rol central en el Gobierno?”, cuestionó.
En su presentación, Pagano advirtió que aún restan testigos por declarar y que existe riesgo de reiteración de conductas que puedan afectar la causa. Por eso, además de la detención, solicitó medidas alternativas más restrictivas. También pidió ampliar la imputación contra Adorni e impulsar nuevas medidas de prueba, entre ellas el peritaje del celular del testigo para intentar recuperar mensajes que habrían sido eliminados.
El caso suma presión sobre el oficialismo, que busca dejar atrás distintos focos de conflicto político y judicial. Mientras tanto, la situación de Adorni queda ahora en manos de la Justicia, que deberá evaluar si existen elementos suficientes para avanzar con alguna de las medidas solicitadas.