El aumento de la morosidad en créditos personales y tarjetas alcanza niveles no vistos desde la crisis de 2001. Provincias, municipios y entidades financieras estudian medidas para aliviar la carga de las familias y ordenar el sistema de financiamiento.
El fuerte aumento de los índices de morosidad bancaria y no bancaria que se observa desde diciembre pasado en la mayoría de los créditos otorgados a personas y familias es uno de los efectos no deseados del actual programa económico. Esto responde, en gran parte, a la fuerte suba de las tasas de interés del año pasado, muy por encima de la inflación, en un contexto de salarios con una indexación cercana a esa inflación.
En la actualidad, tanto el sistema bancario como el no bancario argentino atraviesan una etapa de transición, con tasas de interés en baja pero con niveles de mora en créditos personales y tarjetas en niveles récord. En marzo, estos alcanzaron los registros más altos desde la crisis de 2001. El aumento de la morosidad genera una gran preocupación en el Gobierno, en los bancos públicos, privados y provinciales, y en las empresas dueñas de billeteras digitales.
De acuerdo con informes del sector y cálculos de la consultora 1816, la irregularidad en la financiación con tarjetas de crédito a familias llegó al 11%, el mayor nivel desde la crisis de 2001-2002. En el sector no bancario, las cifras rondan el 25%, con un impacto más fuerte en jóvenes y jubilados. Esto genera intereses moratorios y punitorios, junto con reportes negativos en centrales de riesgo y posibles acciones legales, como embargos.
En marzo, la morosidad bancaria alcanzó el 11,2%, según datos extraoficiales, con un impacto del 9,1% en las familias. Uno de los problemas más graves son los altos niveles de morosidad en entidades no bancarias —mutuales, cooperativas y financieras del interior—, producto del aumento de la mora en préstamos otorgados principalmente a trabajadores del sector público mediante sistemas de código de descuento. En algunos casos, estos niveles superan el 30% y resultan difíciles de refinanciar.
En este contexto se inscribe el reciente programa lanzado por la provincia de Santa Fe, que también analizan implementar otros gobernadores e intendentes afectados por la misma problemática. El denominado «Plan de Protección de los Ingresos», lanzado por el gobernador Maximiliano Pullaro, contempla una batería de medidas orientadas a reducir la morosidad en préstamos otorgados a empleados estatales, trabajadores privados, autónomos y jubilados cuyos ingresos se ven afectados por estos descuentos asociados a créditos.
El objetivo es, por un lado, aliviar el ingreso disponible de las familias en el corto plazo y, al mismo tiempo, ordenar un sistema de financiamiento que se convirtió en un factor relevante de conflictividad salarial, como se observó en febrero. Según fuentes cercanas al gobierno provincial, el plan busca aliviar la carga financiera mediante la refinanciación de deudas en hasta 24 cuotas con tasas fijas y, en el caso del sector público, garantizar que las deducciones no superen el 25% del salario, en línea con criterios similares a los utilizados en créditos hipotecarios.
El programa también incluye herramientas para el sector privado, con líneas de crédito para consolidar deudas a plazos de hasta cinco años y tasas por debajo del promedio del mercado. Al analizar la iniciativa, se observa que combina herramientas de alivio inmediato con instancias de educación financiera y asesoramiento institucional. Además, apunta a recuperar el ingreso disponible de las familias, afectado por cuotas e intereses que se descuentan mensualmente del salario o la jubilación.
Según datos de la provincia, un 35% de los empleados estatales tiene descuentos por créditos en sus recibos de sueldo, y unos 12.000 superan el umbral del 25% de afectación salarial. A este universo se suman trabajadores privados, autónomos y jubilados con ingresos comprometidos por deudas no bancarias. El plan busca reducir los altos niveles de deuda no bancaria y frenar prácticas de financieras, mutuales y entidades que operan con códigos de descuento y aplican intereses punitorios y costos adicionales que, en algunos casos, representan casi la mitad de un ingreso bruto promedio de $800.000.
Una de las causas que impulsó el diseño de este mecanismo fue el malestar salarial expresado por policías y docentes en las protestas de febrero, donde muchos trabajadores señalaban que, aunque sus salarios superaban el millón de pesos, percibían montos significativamente menores debido a descuentos por créditos. El problema afecta principalmente a los sectores de menores ingresos. En casos extremos, hay empleados con compromisos equivalentes a hasta cinco salarios.
El plan establece un cambio clave: el tope de descuentos sobre el salario bajará del 50% al 25%, lo que obligará a reordenar el sistema vigente. En ese sentido, la provincia avanzará con un reempadronamiento de entidades —cooperativas, mutuales y financieras— que operan con códigos de descuento. Entre ellas figura el Nuevo Banco de Santa Fe, aunque representa solo el 10% de la cartera crediticia de empleados estatales. El mayor problema se concentra en cooperativas, mutuales y financieras, a las que se les pedirá refinanciar deudas bajo nuevas condiciones.