España avanza en su retirada del Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo que protege inversiones en combustibles fósiles y que, según el Ejecutivo, limita la transición energética. La decisión se toma ante la demora de la Unión Europea en concretar una salida conjunta.
El Gobierno de España ha iniciado el proceso para abandonar el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo internacional que brinda protección a las inversiones en la industria de los combustibles fósiles. La medida, autorizada por el Consejo de Ministros en diciembre, fue remitida a las Cortes Generales por la vía de urgencia.
El Ejecutivo sostiene que el tratado no se alinea con las políticas climáticas actuales ni con los compromisos del Acuerdo de París, y que su permanencia resulta contradictoria con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática antes de 2050. España se suma así a otros países como Francia, Alemania, Países Bajos, Polonia, Eslovenia y Luxemburgo, que ya han anunciado su retirada unilateral.
La Comisión Europea, por su parte, reconoció en junio de 2023 la necesidad de una retirada coordinada del bloque, debido a la falta de consenso para modernizar el tratado. Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una propuesta formal al Consejo Europeo, lo que ha llevado a varios Estados miembros a actuar por separado.
Uno de los aspectos más controvertidos del TCE es la llamada cláusula de supervivencia (artículo 47), que permite que los inversores puedan demandar a un Estado durante 20 años después de su salida del tratado. Esta cláusula ha sido utilizada por empresas para litigar contra políticas ambientales de distintos países. En el caso de España, se han registrado 51 arbitrajes que reclaman más de 10.000 millones de euros, la mayoría relacionados con el recorte de primas a las renovables en la década pasada.
El Partido Popular ha presentado una enmienda para trabar la salida, argumentando que la retirada unilateral no exime al país de futuras demandas y podría generar costos adicionales. No obstante, los ministerios de Transición Ecológica y Economía consideran necesario agilizar el proceso para que la salida surta efecto cuanto antes, una vez publicado el decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE).