El exministro socialista José Luis Ábalos presentó dos escritos ante la Comisión de Ética y Garantías del PSOE, acusando al secretario de Organización, Santos Cerdán, de vulnerar la Ley de Protección de Datos al incluir su número de DNI y domicilio en una resolución distribuida a la prensa.
El exministro socialista José Luis Ábalos ha reavivado este lunes la interna en Ferraz tras cargar contra el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán, por haber filtrado sus datos personales a la prensa en el expediente de expulsión abierto tras su decisión de no entregar su acta de diputado.
Ábalos presentó dos escritos para defenderse del proceso que ha abierto contra él la dirección del partido. En el primero, remitido a la Comisión de Ética y Garantías, acusa de publicar datos personales en el expediente donde se comunicaban las medidas aplicadas contra él después de que se negase a entregar su acta de diputado, tal como le había exigido la Ejecutiva Federal.
El partido distribuyó una primera versión de una resolución, firmada por Cerdán, en la que aparecían datos privados del exministro como el número del Documento Nacional de Identidad o la dirección de su domicilio. Minutos después enviaron una corrección en la que ya no aparecía esa información.
El ahora diputado del Grupo Mixto considera que el número tres de los socialistas pudo incurrir en «responsabilidad in vigilando» por no verificar que en la primera versión de la notificación que se trasladó a los medios de comunicación. Por eso, acusa a Cerdán de vulnerar la Ley de Protección de Datos, una falta «muy grave», y denuncia que el número 3 del partido es la persona «obligada estatutariamente de velar por la protección de datos de los afiliados».
En el otro expediente, el exministro se queja de que el partido trasladó su decisión de abrirle expediente antes de que se cumpliese el plazo de 24 horas que le habían dado para que entregase su acta de diputado. Para acreditarlo adjunta varios titulares de prensa en los que aparece esa información en la mañana del martes 27 de febrero, antes de que expirase el ultimátum.