La Secretaría de Energía decidió dar marcha atrás con la licitación para contratar un agregador comercial de Gas Natural Licuado (GNL) para el invierno. La gestión continuará bajo la órbita de Enarsa.
La Secretaría de Energía decidió finalmente dar marcha atrás con la licitación para contratar a un agregador comercial de Gas Natural Licuado (GNL) para el invierno. Esta medida implica que, al menos por este ciclo estacional, la gestión de las importaciones y la regasificación continuará bajo la órbita de la empresa estatal Enarsa, postergando los planes de privatización de esta operatoria técnica y comercial.
El proceso licitatorio había llegado a una instancia decisiva tras la apertura de sobres, donde las multinacionales Naturgy y Trafigura presentaron sus propuestas económicas. A pesar de los esfuerzos por ajustar los números, los técnicos del Palacio de Hacienda consideraron que las ofertas no representaban un ahorro significativo ni una ventaja operativa clara frente a la estructura que ya posee el Estado, según detalló el portal especializado EconoJournal sobre una medida confirmada por fuentes oficiales.
En la última convocatoria para mejorar las ofertas, la firma Naturgy había tomado una leve delantera con una propuesta de 4,50 USD/MMBTU, mientras que Trafigura se ubicó muy cerca con un valor de 4,57 USD/MMBTU. No obstante, esa diferencia de apenas siete centavos no resultó suficiente para inclinar la balanza a favor de la gestión privada en un contexto de extrema sensibilidad fiscal.
El objetivo de máxima del Gobierno era desregular el mercado del gas mediante la figura de un «agregador-comercializador». Este actor debía asumir la logística, el financiamiento de los buques y los riesgos de mercado que históricamente recayeron sobre el Tesoro Nacional, permitiendo que la Argentina avanzara en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Ley Bases.
El análisis técnico determinó que los costos de intermediación propuestos por los privados resultaban, en la práctica, más onerosos que la gestión directa de Enarsa. En un año marcado por la continuidad del ajuste y la necesidad de cuidar las reservas, el Ministerio de Economía optó por el pragmatismo antes que por la ejecución acelerada de sus premisas de desregulación.
La operatividad de la terminal de Escobar es el histórico punto neurálgico de la estrategia oficial para los meses de frío. Este puerto es estratégico para garantizar el flujo de gas regasificado hacia el Área Metropolitana de Buenos Aires y el Litoral, regiones que enfrentan los mayores picos de demanda durante el período invernal en la Argentina.
La decisión de declarar desierto el proceso también se fundamenta en la necesidad de evitar sobresaltos en el suministro. Las autoridades consideraron que en un contexto macroeconómico aún delicado era oportuno continuar con la gestión de la empresa estatal que ya conoce los engranajes de la importación estacional.
A este escenario interno se suma un frente externo caracterizado por una volatilidad extrema. Los conflictos bélicos en Medio Oriente tensionaron los mercados energéticos globales, impulsando el precio del barril de Brent hacia niveles críticos y afectando de manera directa las cotizaciones internacionales del gas licuado que la Argentina debe comprar fuera de sus fronteras. Específicamente, el índice Dutch TTF, que sirve como referencia central para las compras locales, registró un incremento superior al 55% desde los primeros días de marzo.
Esta disparada de precios internacionales complicó los cálculos iniciales del proyecto de privatización, ya que el nuevo operador privado debería haber enfrentado un mercado mucho más hostil que el previsto al inicio de la licitación. El salto en los valores del combustible generó un bache financiero difícil de sortear. Para el Gobierno nacional, convalidar contratos con privados en medio de semejante inestabilidad representaba un riesgo político y económico que no se consideró oportuno asumir.
Pese a este retroceso coyuntural, la intención oficial de desvincular al Estado de las funciones comerciales permanece vigente en el largo plazo. La idea de transferir la responsabilidad de la importación al sector privado para limitar la intervención directa en el mercado energético fue postergada para el año 2027. La permanencia de Enarsa al frente de la campaña invernal de GNL marca un paréntesis en la agenda de reformas energéticas. Por ahora, la urgencia de mantener el equilibrio fiscal en la Argentina y la crisis de precios globales forzaron una solución de compromiso que prioriza la seguridad del abastecimiento por sobre el cambio de manos a privados.