Tras el fallo favorable a la Argentina en Nueva York, los demandantes anunciaron una doble estrategia legal que incluye un arbitraje internacional y una revisión judicial.
Los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF confirmaron que abrirán un nuevo frente legal tras el fallo que favoreció a la Argentina en Estados Unidos. El fondo Burford Capital, que financia la demanda, anunció que llevará el caso ante un tribunal internacional de arbitraje.
La estrategia tiene dos caminos paralelos. Por un lado, acudirán al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo que depende del Banco Mundial. Por el otro, pedirán que la Corte de Apelaciones de Nueva York revise su propia sentencia. El objetivo es revertir el fallo de hace un mes, cuando la justicia estadounidense dejó sin efecto una condena que obligaba al Estado argentino a pagar más de u$s16.000 millones.
Según informó el analista Sebastián Maril, los abogados argentinos ya fueron notificados sobre el inicio del procedimiento ante el CIADI. La presentación para solicitar la revisión en Nueva York, en tanto, se concretaría antes del 8 de mayo.
La decisión de acudir al CIADI abre un escenario diferente al que se venía desarrollando en los tribunales estadounidenses. Este organismo funciona como árbitro internacional en disputas entre Estados y empresas privadas, con reglas y procedimientos distintos a los de la justicia común. A diferencia de un tribunal nacional, el CIADI no evalúa si una ley local fue bien o mal aplicada. Su función es determinar si un Estado violó compromisos internacionales de protección a inversores extranjeros.
La presentación ante este organismo fue comunicada formalmente ante la jueza Loretta Preska, quien había dictado el fallo inicial en el litigio. Preska es la misma magistrada que había ordenado a la Argentina pagar la indemnización millonaria que ahora quedó sin efecto.
En paralelo, Burford Capital anticipó que buscará que la Corte de Apelaciones reconsidere su propia decisión. Ese pedido de revisión debe presentarse dentro de los plazos procesales, y el fondo ya adelantó que lo hará antes de la fecha límite.
Hace un mes, la Corte de Apelaciones de Nueva York revirtió la condena contra la Argentina. El tribunal consideró que la interpretación de la legislación argentina realizada en la instancia anterior había sido incorrecta. El fallo dejó sin efecto la sentencia que ordenaba pagar más de u$s16.000 millones a los ex accionistas que reclamaban compensación por la nacionalización de YPF en 2012. Esa medida había sido impulsada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el Estado argentino recuperó el 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol.
El caso se convirtió en uno de los litigios más relevantes que enfrentó la Argentina en tribunales del exterior. El litigio había sido iniciado hace más de una década, y se transformó en una de las demandas más significativas contra un Estado soberano en el sistema judicial de Estados Unidos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos había expresado su posición en respaldo de la Argentina antes de la resolución. Ese respaldo fue considerado clave por los abogados del Estado argentino.
El CIADI es un organismo internacional especializado en la resolución de disputas entre Estados y empresas privadas. Funciona bajo la órbita administrativa del Banco Mundial. A diferencia de tribunales como la Corte Internacional de Justicia o la Corte Penal Internacional, su función no es juzgar crímenes ni resolver conflictos entre países. Su accionar se limita a actuar como instancia de arbitraje en conflictos vinculados, en general, a inversiones y contratos internacionales. El mecanismo permite que las partes diriman controversias sin recurrir a los sistemas judiciales nacionales. Los laudos del CIADI son vinculantes y ejecutables en los países que firmaron el tratado que creó este sistema.
Para que una empresa pueda acudir al CIADI, debe existir un tratado bilateral de protección de inversiones entre su país de origen y el Estado demandado. También puede hacerlo si el contrato original incluía una cláusula de arbitraje internacional.
De acuerdo con datos del Transnational Institute, la Argentina participó en 65 casos ante el CIADI desde fines de la década de 1990. El período de mayor conflictividad fue posterior a la crisis económica. En ese período, el 51% de los litigios concluyó con decisiones favorables a las empresas demandantes. El 35% se resolvió mediante acuerdos entre las partes, lo que en general implicó pagos parciales del Estado argentino. Solo el 12% de los casos terminó con fallos favorables al Estado argentino. Un 2% no tuvo definición por diversos motivos procesales.
En términos sectoriales, 19 de los expedientes estuvieron vinculados a contratos de provisión de energía. Otros 11 casos estuvieron relacionados con inversiones financieras, y 10 con servicios de agua. También se registraron demandas en áreas como la construcción, las telecomunicaciones y la minería. La mayoría de los litigios se concentró en sectores privatizados durante la década de 1990.