lunes, 15 junio, 2026

Pensión por incapacidad: requisitos y proceso de solicitud en Argentina

La pensión por incapacidad de la Seguridad Social está destinada a personas con limitaciones permanentes para trabajar. Conozca los requisitos, el proceso y los criterios de evaluación.

Las personas que presentan enfermedades o lesiones que generan limitaciones permanentes para trabajar pueden solicitar una pensión por incapacidad dentro del sistema de la Seguridad Social. Este beneficio económico está destinado a quienes, incluso después de recibir tratamientos médicos, no logran reincorporarse a su actividad laboral habitual.

Para iniciar el trámite, generalmente se requiere presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como documentación oficial ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Es importante destacar que solicitar la pensión no garantiza su aprobación.

Según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), más de la mitad de las solicitudes —un 53,47%— son rechazadas. Algunos especialistas creen que este porcentaje podría ser aún mayor.

No existe una lista cerrada de enfermedades que otorgue el beneficio automáticamente; cada expediente es analizado de manera individual. El órgano encargado de decidir es el Tribunal Médico, que revisa la documentación, la evolución de la enfermedad y las limitaciones funcionales de cada solicitante.

El Tribunal analiza no solo la enfermedad diagnosticada, sino también de qué manera limita la capacidad laboral, los efectos de los tratamientos y, cuando aplica, el grado de dependencia de otras personas. Aunque no hay un listado oficial de patologías que garanticen la pensión, existen aproximadamente 78 enfermedades que aparecen con frecuencia en expedientes aprobados.

Tener un diagnóstico registrado no garantiza el otorgamiento de la pensión. El Tribunal Médico debe verificar que la discapacidad sea duradera y relevante, considerando la severidad del cuadro, las secuelas, la eficacia de los tratamientos y la actividad laboral previa. Solo al confirmar un impacto real y permanente se reconoce el derecho a la prestación por incapacidad.

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