La Agencia de Administración de Bienes del Estado dio un plazo de diez días a empleados que residen en el complejo para que abandonen las viviendas, en el marco del plan de concesión del predio. Los trabajadores rechazan la medida y anuncian acciones legales.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) notificó formalmente a los empleados de mantenimiento del complejo turístico de Chapadmalal que residen en el predio que disponen de un plazo de diez días para abandonar las viviendas que ocupan. La medida afecta a unas 30 familias que viven en los pabellones desde hace décadas y ha generado una respuesta de rechazo por parte del sindicato de trabajadores estatales (ATE).
La Unidad Turística de Chapadmalal, inaugurada en la década de 1950, fue durante más de setenta años un destino de vacaciones para miles de familias de clase trabajadora. El Gobierno nacional, a través del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había adelantado previamente la intención de concesionar el predio por 30 años a manos privadas, con el objetivo de reducir costos de mantenimiento y atraer inversiones para restaurar la infraestructura.
Desde ATE, los delegados denunciaron que el acta enviada por la AABE trata a los trabajadores de «intrusos», una calificación que rechazan. Argumentan que las viviendas forman parte de sus condiciones laborales aceptadas hace más de 20 años al ser empleados del Estado Nacional encargados del cuidado del lugar. Florencia Marco Ruiz, delegada del sector, afirmó que no aceptarán ser expulsados sin una orden judicial y que ya se encuentran bajo asesoramiento legal para presentar recursos de amparo.
El trasfondo de esta notificación es el plan de licitación que el Ejecutivo Nacional impulsa para las unidades de Chapadmalal y Embalse (Córdoba). Según datos oficiales de la Secretaría de Turismo, estos complejos representaban históricamente una pérdida millonaria para las arcas públicas. La decisión de traspasarlos a la órbita de la AABE para su posterior venta o concesión se apoya en la premisa de que el Estado no debe entrometerse en la actividad hotelera.
En paralelo, en la Legislatura bonaerense, la senadora provincial Fernanda Raverta presentó un proyecto de ley con el fin de que la Provincia de Buenos Aires recupere la titularidad del dominio de la Unidad Turística, buscando preservar el espíritu de turismo social.
Los trabajadores afectados, que integran un staff de unas 50 personas, manifestaron que sus salarios les impiden acceder a un alquiler en el mercado privado de forma inmediata, bajo la presión del plazo de diez días. Anticipan que la batalla judicial por el control del complejo recién comienza y que, si no hay una respuesta formal de la Jefatura de Gabinete, el conflicto podría escalar.