Un juez federal hizo lugar a un pedido del Estado Nacional y declaró su competencia para entender en la demanda de la CGT contra la Ley de Modernización Laboral, en medio de un debate sobre qué tribunal debe intervenir.
El Gobierno nacional presentó un pedido de inhibitoria para que la discusión sobre la reforma laboral sea tratada por los juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal y no por la Justicia Nacional del Trabajo. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal 12 hizo lugar a este pedido, declarando su competencia para entender en la causa iniciada por la CGT.
La demanda original del sindicato, presentada ante el Juzgado Nacional del Trabajo 63, buscaba la declaración de inconstitucionalidad de numerosos artículos de la Ley de Modernización Laboral. Ese juzgado había frenado la aplicación de 83 artículos con una medida cautelar.
El Estado argumentó que, según el artículo 79 de la nueva ley, la competencia es exclusiva del fuero Contencioso Administrativo Federal cuando el Estado Nacional es parte. Sostuvo que se trata de una cuestión de derecho público y no de una controversia laboral específica.
La jueza Macarena Marra Giménez basó su decisión en la normativa vigente y en jurisprudencia de la Corte Suprema. Concluyó que, al impugnarse una ley y demandarse directamente al Estado nacional, la pretensión está regida principalmente por principios de derecho público administrativo.
La resolución ordena al Juzgado Nacional del Trabajo 63 que se abstenga de intervenir y remita la causa. Si este se negara, se plantearía un conflicto de competencia que debería definir la Corte Suprema.