El sector de la seguridad privada acordó aumentos escalonados para el primer semestre del año próximo, con salarios brutos que superarán el millón y medio de pesos en junio.
La Unión del Personal de Seguridad Privada de la República Argentina (UPSRA) y la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) firmaron un acuerdo paritario que fija los nuevos salarios para el primer semestre de 2026. El entendimiento, que rige bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 507/07, establece incrementos progresivos mes a mes, sumas no remunerativas y un adicional vacacional especial.
De acuerdo con las escalas oficiales, el salario total bruto de un vigilador general alcanzará los $1.644.650 en junio de 2026. Otras categorías, como vigilador principal, administrativo o instalador de sistemas electrónicos, superarán los $1,75 millones en el mismo mes. Los aumentos incluyen sumas no remunerativas que se pagan entre enero y junio, y la correspondiente a junio se incorporará al salario básico en julio.
El acuerdo también establece un adicional vacacional extraordinario, de carácter remunerativo, que se paga por hasta 21 días de vacaciones según el mes en que se tomen. De manera transitoria, se mantendrá vigente el Fondo de Ayuda Solidaria (FAS), con un aporte del 1% mensual sobre el salario básico del vigilador general entre enero y junio de 2026.
Las partes fijaron una nueva instancia de negociación a partir del 20 de mayo de 2026 para definir los salarios a partir de julio, e incluyeron una cláusula de revisión ante eventuales cambios macroeconómicos significativos.
En paralelo, la Federación Argentina de Trabajadores de la Seguridad Privada (FATRASEP) informó que alcanzó un acuerdo salarial similar para el mismo período, con un salario final de $1.644.650 para los vigiladores de su sector, y prorrogó los convenios colectivos vigentes durante todo 2026.
El sector de la seguridad privada mantiene niveles estables de empleo en el país, con demanda en servicios de vigilancia para edificios, shoppings, bancos, eventos y transporte de valores. La actividad requiere capacitación obligatoria y reentrenamientos periódicos, regulados por la Ley Nacional de Seguridad Interior 24.059 y normas provinciales.