Una iniciativa legislativa propone un régimen extraordinario de refinanciación y asistencia estatal para deudas con tarjetas de crédito y préstamos personales, dirigido a personas con dificultades de pago.
El diputado Roberto Santiago, del bloque Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley que busca crear un régimen extraordinario de regularización de deudas para personas con dificultades de pago. La iniciativa, denominada «Desendeudamiento y reestructuración de deudas de las familias argentinas», establece mecanismos de condonación parcial, refinanciación y asistencia estatal para deudas de consumo contraídas hasta el 31 de diciembre de 2025.
El proyecto alcanza a personas clasificadas en las categorías 2, 3, 4 y 5 de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central, es decir, aquellas con distintos niveles de riesgo o incumplimiento crediticio. Incluye deudas con entidades financieras, proveedores de servicios de pago, proveedores no financieros de crédito y plataformas de financiamiento entre particulares, específicamente originadas en tarjetas de crédito y préstamos personales. Quedan excluidas las obligaciones alimentarias, deudas tributarias, créditos hipotecarios y prendarios.
Uno de los puntos centrales es la condonación total de intereses punitorios, recargos y cargos por mora. Respecto al capital, se establece un esquema diferenciado por ingresos: para grupos familiares cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT), se prevé una condonación del 90% del capital adeudado. El saldo restante se refinanciaría en hasta 36 cuotas, con una tasa de interés que no podría exceder el 50% de la tasa BADLAR, a sola firma y sin costos adicionales. Para quienes superen ese nivel de ingresos, no habría quita de capital pero sí la posibilidad de refinanciar el total bajo las mismas condiciones.
La propuesta también contempla la creación del Fondo de Asistencia a Deudores (FAD) en el ámbito del Ministerio de Economía, destinado a personas de bajos ingresos con deudas en proveedores no financieros. Este fondo se financiaría con un 1% de la recaudación del IVA no coparticipable del sistema financiero.
El régimen propone un plazo de 90 días para la adhesión, durante el cual se suspenderían los procesos judiciales de ejecución relacionados. Además, el Banco Central debería dictar la reglamentación en un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley y establecer incentivos regulatorios para las entidades afectadas.
En sus fundamentos, el proyecto señala que busca atender una situación de sobreendeudamiento en los hogares. Según estimaciones citadas, hacia fines de 2025 el stock de crédito a personas alcanzaría aproximadamente los $55 billones, con una tasa de irregularidad cercana al 9%, afectando a entre 5 y 7 millones de hogares.